- por Ana Melnik para el Diario del Juicio
PH Elena Nicolay
“Yo era un militante…”, así define Pascual Ignacio su vida hacia el 75, y dice que era uno “más”, porque la participación social y política fue un sesgo distintivo, extensivo a toda una generación. La privación injusta de la libertad, por largos años, fue uno de los mecanismos que las fuerzas de seguridad y de la justicia, encontraron para disciplinar a toda esta generación de jóvenes. La supresión de toda forma de militancia social y política, jóvenes pasivos, silenciados y aterrorizados por la persecución y la desaparición, fue el objetivo alcanzado por los responsables intelectuales y materiales del Operativo. En las historias de los sobrevivientes, como la de los hermanos Núñez, se puede ver la efectividad de una justicia corrupta y cómplice, puesta a disposición de la deshumanización y del encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad.
Pascual Ignacio declaró por el secuestro y la detención ilegal de la que fue víctima su hermano, Fermín. Pero el testimonio de estos hechos se entrecruza con el de su propio secuestro.
En 1975, Fermín tenía 22 años. Trabajaba para la planta pasteurizadora Cootam (en avenida Mate de Luna al 2.700) y vivía junto a su pareja y sus dos hijas. Había sido militante de la Juventud Comunista, y para ese entonces formaba parte del ERP.
Pascual Ignacio tenía 20 años y vivía en la casa de sus padres junto al resto de sus hermanos y su pareja, Amanda Isabel López, en el barrio Echeverría. En ese entonces estudiaba Comercio y trabajaba en la construcción para costear sus estudios. Comenzó su actividad política militando en las villas, junto a un grupo de 150 chicos del barrio. Por la época, este tipo de organizaciones barriales encontraba un gran eco en la sensibilidad social de muchos jóvenes, que no concebían la posibilidad de mantenerse ajenos al crítico contexto socio-económico tucumano. Era también, para muchos, un primer espacio político de participación, previo a integrarse a algún partido político. Se reunían en el club Mariano Moreno. De forma autogestionada, llevaban comida y artículos de primera necesidad, enseñaban y alfabetizaban en las villas. En el caso de Pascual, colaboraba también en el área de la construcción. Al iniciarse el Operativo Independencia, con el secuestro y la desaparición de integrantes del grupo, la organización se disolvió completamente. Más adelante, comenzó a militar en la Juventud Comunista, y luego en el Partido Intransigente. Hacia el 75 formaba parte del PRT.
Ambos hermanos fueron secuestrados el mismo día, el 18 de enero de 1975. Pascual fue secuestrado en la casa paterna (en Venezuela 2579), por la madrugada, junto a su compañera Amanda Isabel y uno de sus hermanos menores. Fermín fue secuestrado junto a su padre, Miguel Ángel, y otros dos hermanos, también menores, pasado el mediodía, en su lugar de trabajo.
Durante la primera parte del secuestro, Pascual estuvo detenido en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía (avenida Sarmiento al 500) y Fermín en la Jefatura de Policía. Ambos fueron sometidos a sesiones de brutales tortura e interrogatorios.
Pascual recuerda que en la Brigada había dos salas, una para hombres y otra para mujeres. Había también otra sala, la “leonera”, donde se llevaban a cabo los interrogatorios. Durante las torturas, que fueron intensificándose, desde los golpes a la picana eléctrica, le preguntaban por el lugar donde tenían escondidas las armas y que informase quién era su responsable político y militar. Él contestaba que tras el allanamiento violento realizado a su propia casa, deberían saber que no era portador de armas. Otro método extorsivo era trasladarlo, como un “paquete” (así lo llamaban), para presenciar otros allanamientos. De éste modo, tras una semana de su secuestro, vio cómo entraban por la fuerza a la casa de su hermano Fermín, en Villa Muñecas. También presenció el secuestro de un vecino, de apellido Villarroel, del barrio Echeverría. La amenaza constante era que desaparecerían a toda su familia y a la de su compañera, si no daba información.
Durante su declaración recordó que los interrogatorios y torturas en la Brigada se realizaban bajo la autoridad de Albornoz, Marcote e Hidalgo. Había también un médico, que se limitaba a controlar las pulsaciones durante las sesiones de tortura. Por su compañera, Amanda Isabel, supo que uno de los torturadores, a quien apodaban “el Petiso Orejudo”, era quien violaba a las mujeres.
Durante el secuestro fue trasladado al Juzgado Federal en dos ocasiones, donde fue “invitado” a declarar (así quedó consignado en la causa por la que fue imputado), y lo obligaron, tortura mediante, a firmar declaraciones que nunca pudo leer.
Los hermanos Núñez y su padre estuvieron ilegalmente detenidos durante tres meses aproximadamente. Pascual fue ingresado al penal de Villa Urquiza a fines de abril del 75. Sólo entonces se legaliza su detención, al aplicársele la Ley de Defensa Nacional y ser imputado bajo la causa de asociación ilícita. Según esta causa, era portador de material subversivo, y se consignaba (sin ninguna prueba material existente) que en el allanamiento de su casa habían encontrado 100 folletos subversivos.
Fermín ingresa a fines de marzo a Villa Urquiza bajo la misma causa, pero el 2 de Mayo es secuestrado del penal y conducido a la Jefatura de Policía. Ahí es nuevamente torturado y acusado de nuevos delitos, cometidos junto a personas que él no conocía. Concretamente se le adjudica haber participado del asesinato del Capitán Viola y de su hija menor. Bajo esta nueva causa es trasladado a la “Escuelita de Famaillá”. Allí estuvo detenido junto a su padre y su tío, Carlos Moisés Núñez.
En junio del 75, Pascual y Fermín fueron trasladados al penal de Rawson. Pascual fue condenado a 5 años de prisión y Fermín a cadena perpetua, por el ex juez federal Manlio Martínez (actualmente condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humaniad). La libertad de Pascual debió efectivizarse en 1980, pero por estar bajo disposición del PEN, esto no ocurrió. Tras 7 años de estar preso, el 11 de julio de 1983 salió bajo libertad vigilada. Fermín estuvo preso 14 años. Durante la última etapa estuvo en el penal de Villa Devoto.
En 1978, los hermanos Núñez, junto a otros presos políticos de Rawson, denunciaron ante la Cruz Roja Internacional lo que sufrieron en cautiverio.
Volver a ser parte de la sociedad no fue –ni es- fácil. Hay recuerdos, afirma Pascual, que no se borran, el recuerdo de haber visto a tantas personas vendadas, atadas, torturadas, indefensas. La violencia sobre el propio cuerpo. Los gritos y alaridos pidiendo piedad, son recuerdos desgarradores que persiste en la memoria, “es como ver fantasmas…”. Reinsertarse es aprender a convivir con ese pasado, es hablarlo, es denunciarlo, “esta es una oportunidad que tenemos muchos de los que hemos estado detenidos. Es una presión ‘sana’, si se quiere, poder estar, poder contar, lo que muchos argentinos y argentinas hemos pasado”.
Los antecedentes penales fueron una condena social. No encontrar trabajo, o en caso de encontrarlo, no poder sostenerlo por más de 3 meses fue una situación de vida que lo marcó. En 1991 Pascual Ignacio se fue del país, y hace 25 años que reside en Suecia.
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