LA CAUSA

 

Megacausa Jefatura III

Desde el 17 de Mayo de 2023 el Tribunal Oral Federal de Tucumán juzga a 27 ex policías y ex militares por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 237 personas durante el terrorismo de Estado en Tucumán. Como parte de la Megacausa Jefatura de Policía de Tucumán, esta es la tercera parte del universo procesal que abarca secuestros, torturas, homicidios y delitos contra la integridad sexual cometidos entre 1975 y 1983 en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la central policial, en otras dependencias de esa fuerza de seguridad y en el Puesto de Comando Táctico (PCT) del Ejército, ubicado en el ex Ingenio Nueva Baviera.

En todos los hechos se juzga la participación de personal de alguna de las reparticiones de la policía provincial. Muchos de ellos integraron el Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) y del Departamento de Inteligencia (D 2) que tenían su sede en la Jefatura de Policía. La fuerza de seguridad también actuó a través de una patota que funcionó en estrecha vinculación con el Puesto de Comando Táctico del Ejército. Además de su sección de inteligencia, la policía puso al servicio de la represión su amplia infraestructura territorial y 32 de las 80 comisarías de la provincia tuvieron intervención en los casos que se juzgan.

La gran mayoría de los casos que se investigaron surgieron de los documentos aportados a la justicia por el testigo Juan Carlos Clemente en el año 2009 en el marco del juicio “Jefatura de Policía I”.

El tribunal

Para este juicio, el tribunal está integrado por la jueza subrogante María Noel Costa, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, y los jueces subrogantes Enrique Lilljedahl y Juan Carlos Reynaga, integrantes titulares del Tribunal Oral en los Criminal Federal de Catamarca. Como juez sustituto actuará Federico Bothamley, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero. 

En representación del Ministerio Público Fiscal actuan el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, junto a un equipo conformado por personal de la Unidad de Derechos Humanos de Tucumán. Por las partes querellantes de esta causa actua el abogado Pablo Gargiulo. Entretanto, 26 de los acusados están representados técnicamente por el Ministerio Público de la Defensa y 1 imputado  por un abogado particular.

Los imputados

De los 27 acusados que integran el debate, 15 son ex policías provinciales que serán juzgados por primera vez por crímenes de lesa humanidad: Emilio Abec, Segundo Acosta, Miguel Nieva, Miguel Chaile, María Luisa Acosta, Olga Aguilar, Ramón Jodar, Luis Ocaranza, Alberto Rivero, Ernesto Senco, Juan Soria, José Vázquez, Miguel Venturino, Juan Villacorta y Pablo Zárate.

El resto de los ex policías imputados ya tiene condenas en los dos juicios anteriores de esta megacausa y en la causa “Operativo Independencia”: Hugo Figueroa, Rolando Quintana, Ricardo Sánchez, Guillermo Ugarte, Antonio Vercellone, Manuel Villa.

La nómina de acusados la completan ex oficiales del Ejército que tuvieron funciones importantes durante el terrorismo de Estado: José Roberto Abba, quien fue ministro Fiscal de Estado durante la dictadura; Ramón Ernesto Cooke, quien fue jefe de la policía durante 1977; Augusto Neme, quien fue segundo jefe del Puesto de Comando Táctico en el sur de la provincia; los oficiales Luis Ocaranza y Mario D’Ursi, quienes fueron supervisores militares del SIC / D2, y Camilo Colotti, segundo jefe del Regimiento de Infantería 19. Todos fueron condenados en debates anteriores a excepción de Abba, quien fue absuelto en “Operativo Independencia”. En el trascurso de ese tiempo, tres de los acusados murieron y no podrán ser juzgados por estos hechos: los ex policías Luis De Cándido, Félix Insaurralde y Miguel Ángel Moreno, todos con condenas en otros juicios.

Las víctimas

Más de la mitad de las víctimas de este caso figuran en una serie de documentos extraídos del propio CCD “Jefatura” por el testigo Juan Carlos Clemente entre 1977 y 1978 y conservadas hasta 2008, cuando las presentó ante el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal tucumano en el marco de su testimonio en el juicio conocido como “Jefatura I”. Entre los archivos aportados por el testigo, calificados como “únicos en el país y de enorme relevancia histórica” por la fiscalía, figura un documento de inteligencia titulado “Índice de declaraciones de DS (delincuentes subversivos)” en el que aparecen enlistadas 293 personas que pasaron por el CCD “Jefatura”. 

Junto a los datos personales de cada persona de la lista aparece una triple anotación según el destino que la llamada comunidad informativa de inteligencia decidía darle a cada víctima: “PEN” (la “legalización” de su detención reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional), “libertad” (cuando eran liberados sin ningún tipo de formalidad) y finalmente la sigla “DF” que significa “Disposición Final”, es decir que se había decidido su ejecución extrajudicial y el posterior ocultamiento de sus cadáveres. 

Los restos de varias de estas víctimas asesinadas fueron recuperados e identificados en la fosa común conocida como “Pozo de Vargas”, la más grande del país descubierta hasta ahora, y que fue objeto de una profunda tarea pericial con resultados decisivos en torno a la identificación de víctimas de desaparición forzada.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MILANI - SANGUINETTI

El próximo jueves 10 de octubre de 2019 comienza un nuevo juicio por delitos de Lesa Humanidad en Tucumán, se trata de la causa en la que se juzga a Esteban Sanguinetti y César Milani por delitos cometidos contra Alberto Agapito Ledo. Con este ya son catorce los juicios por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado que se realiza en la provincia.

La desaparición de Alberto Ledo

Alberto Agapito Ledo tenía 20 años al momento de su desaparición y se encontraba realizando el Servicio Militar Obligatorio en La Rioja. Según figura en el Requerimiento de elevación a juicio, Ledo ingresa al Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, en La Rioja, en febrero de 1976. El 20 de mayo de ese mismo año fue trasladado a la localidad de Monteros tras ser asignado a la Zona de Operaciones Tucumán. En la noche del 17 de junio de 1976 el capitán Esteban Sanguinetti lo llama y lo saca para hacer una recorrida por la zona, recorrido del que el imputado regresó solo.

Alberto fue señalado como desertor según informó el mismo Sanguinetti al asegurar que había escapado del campamento y en junio del 76 dispuso el inicio de las actuaciones por deserción. Para realizar estas tareas, de acuerdo a lo que figura en la documentación judicial, Sanguinetti designó a César Milani y a Roberto Lotero (que se encuentra fallecido).

Las imputaciones y las partes

Por esta causa se encuentra imputado Esteban Sanguinetti por ser considerado partícipe en el secuestro y homicidio del soldado Alberto Agapito Ledo. El segundo imputado es César Milani al que se sindica el delito de encubrimiento y falsedad ideológica. Según consta en la investigación realizada por la fiscalía, Sanguinetti, al momento de los hechos, ostentaba el cargo Capitán en el Batallón de Ingenieros 141 del Ejército Argentino en tanto Milani se desempeñaba como subteniente.

De acuerdo a lo informado por el tribunal, las audiencias se realizarán este jueves y viernes y los siguientes hasta concluir con el debate oral y público, a partir de las 9.30. Las partes acusadoras estarán a cargo del Ministerio Público Fiscal representado por Pablo Camuña y Agustín Chit; Pablo Gargiulo, por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las doctoras Adriana Mercado, Viviana Reinoso y María Elisa Reinoso en representación de las querellas particulares de Marcela Brizuela y Graciela Ledo - madre y hermana de la víctima-.

Los abogados defensores de los imputados son Vanessa Lucero y Adolfo Bertini que pertenecen al Ministerio Público de la Defensa. Finalmente, el tribunal estará integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGACAUSA OPERATIVO INDEPENDENCIA I

El jueves 5 de Mayo de 2016 dará comienzo el XII Juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán: la histórica causa "Operativo Independencia".

Este juicio, en cuanto a víctimas, el más grande del Noroeste Argentino vinculado a crímenes de lesa humanidad y el primero en indagar sobre las atrocidades cometidas en lo que se conoció como "Operativo Independencia", que fuera el inicio del Genocidio dirigido desde el Estado, durante un gobierno democrático, previo al golpe de estado de 1976.

Este juicio dará cuenta de los crímenes cometidos contra 270 personas, la mayoría de ellas detenidas desaparecidas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y ejecutadas por las fuerzas conjuntas que militarizaron y ocuparon el territorio provincial, inaugurando así las figuras de desapariciones forzadas masivas, los secuestros y detenciones clandestinas, los campos de concentración en forma de Centros Clandestinos de Detención y las ejecuciones sumarias, sumiendo en el terror a la población.

Se estima que del total de desapariciones forzadas cometidas durante el terrorismo de estado (comprendido entre 1975 hasta el retorno democrático de 1983) el 30% de las desapariciones en el territorio provincial se dieron bajo el denominado "Operativo Independencia" iniciado en febrero de 1975 y que se extendiese hasta el 24 de marzo de 1976, cuando asume el gobierno la junta militar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANLIO TORCUATO MARTINEZ

Manlio Torcuato Martínez fue el primer funcionario judicial condenado por su actuación como juez durante la última dictadura. Recibió la pena de 16 años de prisión por haber omitido, en su función de juez a cargo del Juzgado Federal de Tucumán, investigar la muerte de cinco personas en manos de fuerzas militares y policiales, hecho que fue objeto de juicio “Romero Niklison”. El Tribunal entendió que este accionar configuraba los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento. También fue considerado responsable de la privación ilegal de la libertad agravada, abuso de autoridad y prevaricato y por la comisión del delito de asociación ilícita. Manlio Torcuato Martínez fue designado a la cabeza del Juzgado Federal de Tucumán en el año 1975, por orden del comandante Adel Edgardo Vilas, quien tuvo a su cargo el “Operativo Independencia”. Desde ese momento, y hasta el año 1983, el condenado cumplió el rol que el aparato represivo esperaba del Poder Judicial: legalizar la detención de personas que previamente habían pasado por centros clandestinos de detención y tortura, y no investigar la actuación de las fuerzas armadas y de seguridad en las denuncias y hechos que llegaban a su conocimiento. El TOF dispuso remitir copia de la sentencia a la Administración Nacional de la Seguridad Social en virtud de que durante su alegato la fiscalía señaló que la jubilación especial percibida por el ex magistrado es irregular

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VILLA URQUIZA

Entre los años 1975 y 1983, en el penal de Villa Urquiza, funcionó un lugar de detención destinado a recluir a los disidentes políticos, muchos de los cuales eran secuestrados “blanqueados” luego de pasar por distintos CCD de la provincia. En este juicio se dio cuenta de los crímenes cometidos en el llamado “pabellón de la muerte” del penal. Los presos y presas políticos de este pabellón estaban sujetos a un régimen de extrema severidad, sin poder ejercer derechos y garantías, vivían en condiciones inhumanas de detención, con escasa alimentación, sin permisos de visitas de familiares, en situación de encierro y oscuridad y con requisas permanentes. Las mujeres además padecieron en algunos casos el cautiverio junto a sus hijos menores de edad, registrándose incluso nacimientos dentro del penal y/o fueron sometidas a la violencia sexual por parte de los captores. Muchos de los alojados en Villa Urquiza permanecieron en esta situación hasta los años 80. El 23 de diciembre de 2014 el Tribunal condenó a diez imputados, a penas que van desde los 8 años de prisión hasta prisión perpetua, por los crímenes perpetrados en perjuicio de 42 víctimas. Esa decisión está pendiente de ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANTOS

Germán Francisco Cantos se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio en la provincia de Santiago del Estero cuando fue secuestrado en los primeros días de septiembre de 1976, y trasladado al centro clandestino de detención conocido como “Arsenal”, que funcionó en la Compañía V del Arsenal Miguel de Azcuénaga de Tucumán. Permanece desaparecido hasta la fecha. El 4 de septiembre de 2014, el TOF de Tucumán condenó a Jorge Alberto D’Amico, Jefe inmediato y responsable del conscripto Cantos en el Batallón de Ingenieros de combate 141, donde Cantos cumplía el servicio militar obligatorio, a la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor del secuestro y partícipe necesario de los tormentos y el homicidio de la víctima. Esta decisión está pendiente de revisión por la Cámara Federal de Casación Penal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE BENEDETTI

Osvaldo Sigfrido De Benedetti, alias “Tordo”, fue uno de los dirigentes políticos más relevantes de Tucumán. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue asesinado por personal perteneciente a fuerzas militares en la provincia de Tucumán el 21 de julio de 1978, en el marco de un falso intento de fuga del penal en el que se hallaba detenido, escenario que fue simulado por las fuerzas de seguridad para justificar su homicidio. El 29 de mayo de 2014 el Tribunal Oral de Tucumán condenó a los responsables de ese hecho, que calificó como homicidio agravado, a la pena de prisión perpetua.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGACAUSA ARSENALES II-JEFATURA II

El lunes 12 de noviembre de 2012 comenzó el VI Juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán: la histórica Megacausa “Arsenales II-Jefatura II”.

Este juicio, el más grande de América Latina vinculado a Derechos Humanos en el norte argentino, abarcará 215 víctimas, 41 imputados y contará con más de 400 testimonios a lo largo de aproximadamente un año y medio. Durante su desarrollo, dará cuenta de lo sucedido en 2 Centros Clandestinos de Detención (CCD) como la Jefatura de Policía y el Arsenal Miguel de Azcuénaga, este último con la peculiaridad de haber sido además un Centro de Exterminio, a su vez se dará cuenta de una serie de otros Centros Clandestinos de Detención en la provincia, que conformaron el entramado de terror dentro del plan sistemático de exterminio.

Pero, ante todo, este juicio marcará como ninguno, un antes y un después en la comprensión del genocidio en Tucumán. El universo abarcado por esta Megacausa dará cuenta de familias enteras desaparecidas, mujeres embarazadas, conscriptos, ancianos, políticos, obreros, estudiantes, jóvenes, policías, maestros, militantes, trabajadores.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOLEDO DE YGEL

El 12 de diciembre de 2013 el TOF de Tucumán condenó a Luciano Benjamín Menéndez a doce años de prisión, por considerarlo autor mediato del delito de privación ilegal de la libertad cometido en perjuicio de Jorge Ricardo Ygel y Julia Rita Ariza. Las víctimas fueron secuestradas en el año 1977 con el objeto de despojarlas de 25 hectáreas de una estancia en la localidad de Yacuchina, provincia de Tucumán. Sobre esos terrenos se edificó Capitán Cáceres, uno de los cuatro pueblos que Antonio Domingo Bussi programó como una zona de operaciones contra la guerrilla, paralelos a la vieja traza de la ruta nacional 38, en el marco del llamado “Operativo Independencia”. El tribunal condenó además al Estado argentino a pagar a las víctimas una indemnización por el despojo de sus tierras.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMMA DEL VALLE AGUIRRE

En esta causa fue condenado el ex comisario Miguel Ángel Moreno a la pena de 13 años de prisión, por ser autor de los delitos de asociación ilícita e imposición de tormentos sufridos por Emma del Valle Aguirre. Moreno era el jefe de la comisaría de León Rougés. Aguirre fue secuestrada de su hogar el 17 de Febrero de 1977 y permaneció detenida en el centro clandestino de detención que funcionó en el ingenio azucarero Nueva Baviera durante 20 días. Aguirre sobrevivió a los tormentos recibidos y pudo contar lo que le ocurrió. Por estos hechos también fueron imputados Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Zimmerman, pero Bussi y Zimmerman fallecieron antes del juicio, mientras que Menéndez fue apartado.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LILIANA AGUIRRE

En esta causa fue condenado Roberto Heriberto Albornoz a la pena de prisión perpetua por los homicidios de Margarita Susana Azize Weiss de Tello y de Juan Carlos Aguirre, quienes fueron asesinados por fuerzas de seguridad en el marco de un operativo desarrollado el 12 de julio de 1976. Albornoz, a la fecha de los hechos, se desempeñaba como Jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Provincial, dependencia que se encontraba bajo supervisión militar. En esta causa estaban también imputados Luciano Benjamín Menéndez, ausente por superposición con otros juicios, y Antonio Domingo Bussi, quien falleció justo horas después del comienzo del juicio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMERO NIKLISON

El día 20 de mayo de 1976 fuerzas militares y policiales ingresaron al domicilio de María Alejandra Niklison y la asesinaron junto con tres personas más que se encontraban con ella en una reunión política: Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz. Fernando Saavedra, otro de los asistentes a la reunión, logró escapar pero fue interceptado y ejecutado llegando a la iglesia Montserrat de la capital tucumana. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la Jefatura de Policía y después fueron enterrados en fosas comunes del Cementerio del Norte. El tribunal condenó a prisión perpetua por estos homicidios a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEFATURA DE POLICÍA

Luciano Benjamín Menéndez fue nuevamente condenado por los delitos cometidos contra 22 víctimas del CCD Jefatura de Policía de Tucumán. En esta oportunidad también fueron sentenciados tres policías provinciales, entre ellos Roberto Heriberto Albornoz, ex jefe de inteligencia. Antonio Domingo Bussi también estaba imputado en la causa pero fue separado por razones de salud. En esta causa fueron aportados por un ex policía dos biblioratos de 250 páginas con datos sobre el destino de 293 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención. Esa información, que iba a ser destruida por la policía 33 años atrás, sirvió para este juicio y como base para otras causas en la provincia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARGAS AIGNASSE

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, pocas horas antes de que se formalizara el golpe de Estado, fue secuestrado en su casa y en presencia de su familia el senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse. Durante su cautiverio, estuvo alojado en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Tucumán y en el penal de Villa Urquiza, en donde quedó registrado su ingreso. En ambos lugares fue sometido a torturas. El mismo día de la detención ilegal de su esposo, Marta Cárdenas realizó diversas gestiones para dar con su paradero. El 1 de abril de ese mismo año, una camioneta del Ejército busco a Marta en su casa y la llevó al penal de Villa Urquiza. Desde una ventana pudo ver a su esposo en el patio de la cárcel. Cinco días después, el Ejército le comunicó que Vargas Aignasse había sido secuestrado por desconocidos cuando era trasladado en un vehículo policial. Esa versión fue desvirtuada durante el juicio. En 2011 el cuerpo de la víctima fue encontrado en el llamado Pozo de Vargas, una fosa común donde fueron arrojados los cuerpos de muchas de las víctimas de desaparición forzada en Tucumán. Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi fueron condenados por este hecho.