sábado, 4 de junio de 2016

El “Operativo Independencia”: prueba y horror


  • por Julián Miana para el Diario del Juicio
PH Paloma Cortes Ayusa



Aproximaciones a un ensayo sobre la  política de la vida y de la muerte

El juicio por los crímenes de Lesa Humanidad N° 12, comenzó en el mes de mayo en la provincia de Tucumán. Es una causa (La causa es otra) que reúne a varias querellas particulares y que están agrupadas, a diferencia de juicios anteriores, cronológicamente de acuerdo a como se sucedieron en 1975. El año da cuenta de que los crímenes de Lesa Humanidad juzgados en esta causa, fueron aquellos cometidos durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, en el marco del Operativo Independencia.

El Operativo Independencia (OI) fue el “ensayo” o la “prueba” para la puesta en marcha del plan sistemático de genocidio, perpetrado por el estado terrorista, aún en tiempos de democracia. El OI inició con el decreto 261/75, con la intención de “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán.” Así, en esta provincia, comenzó el terror.

En el marco del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período 1975-1976 aparecen una serie de planteos, que hacen pensar que las ideas mater que llevaron al genocidio no están extintas. Ni si quiera, problematizadas.

El pasado jueves 26 de mayo finalizó la etapa que permitía la defensa de los imputados. Quedó en evidencia, entonces, no sólo cierta idea matriz de cumplimiento del deber sino una perversa tranquilidad en la asunción de la propia inocencia. A la vez, cada uno de los abogados defensores demostró un estrecho vínculo ideológico a ese deber hacer que tuvo sus excesos, y una legitimación absoluta de la política sobre la vida, o biopolítica llevada a cabo por sus defendidos. Este último aspecto, será el objeto de mi análisis. Tomaré como referencia a Gabriel Giorgi en su ensayo “Formas Comunes”, considerando la idea y los planteos sobre la biopolítica. Se parte de la consideración que al plan sistemático de exterminio lo acompañó la mencionada política sobre la vida como uno de sus basamentos ideológicos.

El existió del orden de lo “operativo” cuando, en la primera etapa del juicio oral,  el fiscal ad hoc Dr. Pablo Camuña leyó caso por caso los nombres de las víctimas, de los imputados, y los crímenes por los que se los imputaba. La defensa planteó que los crímenes eran los mismos que en otros juicios, entonces ¿Qué sentido tenía nombrar caso por caso y víctima por víctima?

Al respecto digo con Giorgi que se toman decisiones acerca de qué cuerpos y qué vidas son memorializados, inscritos, recordados, y qué cuerpos y qué vidas son simplemente arrojados al ciclo indiferenciado de la materia sin inscripción jurídica, cultural o social. Tal decisión constituye evidentemente la distinción entre persona y no-persona[1]: persona no refiere solamente a las vidas a proteger sino también a las vidas a recordar, a narrar, a memorializar. Esa decisión de inscribir ciertas vidas, ciertos cuerpos que en la materialidad aún no están presentes, dentro del entramado social, es la disputa que presenta la fiscalía al proceder a nombrar víctima por víctima, caso por caso, más allá de la enorme extensión. Hay que aclarar que según Giorgi, la decisión  de la inscripción de los cuerpos en la memoria social no es ontológica, es política. No habla de negar la existencia de la vida, sino de que ese cuerpo tenga la categoría de persona.

La política de la negación de la vida en la memoria, a la vez, tiene complicidad social. Por eso al momento de responder sobre los períodos pre-dictatoriales, dictatoriales, e incluso pos-dictatoriales las personas se llaman al silencio. Recurren al artilugio verbal del “no me acuerdo”, “no me meto”, “prefiero estar alejado”, “no me interesa la política”. No solo avalan indirectamente el terrorismo de estado, sino que niegan una parte propia de su historia.

A través de la desaparición y el asesinato en la clandestinidad, los genocidas pretendieron quebrar el ritual social de la muerte, escondieron los cadáveres y con eso, quisieron esconder la posibilidad de incorporar a los desaparecidos a la memoria social, de quitarlos del estatuto del bios e incorporarlos al zoé, a lo animal, a lo inorgánico. A aquello que no merece estar instituido en la memoria. Pero, dice Giorgi, el cuerpo nunca termina de desaparecer siempre deja atrás restos que funcionan como huellas de lo ocurrido. Huellas que rebasan lo simbólico, para inscribirse en lo corporal.

Por eso, es necesario mantener los juicios a los represores y genocidas y que esos juicios sean públicos, ya que este mecanismo permite que se conozcan las denuncias, (y en el caso de una sentencia) los culpables, las complicidades, en fin permite poner en evidencia el plan sistemático para el genocidio de la población argentina.

Se hace necesario también, exigir políticas que permitan encontrar esos restos. No solo para devolverle la identidad a un cuerpo que ha sido despojado de ella, sino para devolver ese cuerpo a la vida en la memoria, para devolver la memoria a la comunidad y así, reconstruir la historia.


[1] Las cursivas son del autor

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