lunes, 13 de junio de 2016

Crónica del jueves 9: La dimensión familiar

  • por Elena Nicolay, Ana Melnik y Valeria Totongi para el Diario del Juicio
Calles de Famaillá durante la ocupación militar de 1975
PH Archivo Operativo Independencia - Gentileza Archivo Nacional de la Memoria



El relato de los familiares de personas secuestradas y torturadas durante los primeros meses del Operativo Independencia empezaron a dar dimensión real del horror vivido entre los sectores obreros de la provincia, durante la audiencia del jueves 9 de junio, en Tucumán. En el sur de la provincia y en la localidad de San José, los represores se ensañaron con jóvenes trabajadores y sus allegados. Empresarios, religiosos y periodistas no fueron ajenos a ese plan, de acuerdo con un minucioso trabajo que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la responsabilidad empresarial en los crímenes de la dictadura.

La investigación fue el centro del testimonio que brindó el periodista Horacio Verbitsky, ante el Tribunal Oral Federal que juzga a 19 imputados por delitos de lesa humanidad, durante el Operativo Independencia.

El “Informe de Responsabilidad Empresarial” se realizó entre el CELS, la Facultad de Ciencias Sociales y una veintena de investigadores de distintas instituciones, que analizaron toda la información disponible en organizaciones estatales y no estatales, sobre 200 empresas de todo el país. Entre ellas, seleccionaron dos de Tucumán: los ingenios Concepción y Fronterita.

“Las víctimas de la dictadura, entre los dos ingenios, llegaron a 50, aunque los secuestros ocurrieron en momentos distintos –explicó Verbitsky-. En el caso del Ingenio Fronterita, la peor persecución se produjo durante la comandancia de Acdel Vilas. Las víctimas del Ingenio Concepción fueron llevadas cuando estaban a cargo (Antonio) Bussi  y (Domingo) Montiel Forzano”, aunque ya había prácticas represivas antes de golpe y -en algunos casos- las víctimas fueron las mismas.

Lo que tienen en común los dos casos es la presión de la empresa sobre los obreros azucareros, con informes de inteligencia y participación directa en secuestros y asesinatos, con el aporte de vehículos, lugar para montar el centro clandestino de detención –en el caso del Fronterita, el CCD estaba dentro mismo del ingenio-  y coordinación con las fuerzas de seguridad. Ambos ingenios aportaron dinero (medio millón de dólares) al fondo de actividades clandestinas de los represores.

Estas prácticas brutales tuvieron un objetivo económico, además de político. Una muestra de ello, dijo el presidente del CELS, es que durante este período los dos ingenios redujeron a la mitad la planta de trabajadores y aumentaron considerablemente la producción y las ganancias. En el caso del Fronterita, los dueños incluso sumaron un ingenio a su patrimonio: el Bella Vista.

Verbitsky arrojó también una mirada demoledora sobre el papel de la prensa y de la Iglesia en la orquestación de la represión. “La prensa fue reproductora, de manera acrítica, de la información generada por las fuerzas represivas, lo que la convirtió en parte de un dispositivo de acción psicológica encargado por el comando de la V Brigada”, detalló.

En cuanto a la responsabilidad eclesial, Verbitsky recordó que Vilas, en su Diario de Campaña, se refiere todo el tiempo a una concepción de “cruzada católica” y de “guerra justa”, según la teoría de Tomás de Aquino y los postulados de Cité Catholique, grupo católico integrista francés que diseñó la justificación ideológica de la represión en Argelia. En su diario, Vilas habla del rol de los capellanes, comenta que pidió que los obispos apartaran del área de operaciones a sacerdotes tercermundistas. Se apoyó en Fasta y en el director de la Universidad Católica Santo Tomás de Aquino, Aníbal Fosbery. Confiesa que se aleja del orden legal y critica a los jueces y a las autoridades políticas, elegidas democráticamente, afirmó el presidente del CELS.

La teoría de que hubo “dos demonios”, para justificar un supuesto estado de guerra en el que había bandos diferenciados que cometieron “excesos” es posterior al Operativo Independencia: “surgió a finales de la dictadura, la inventa el Episcopado cuando ya no se podían ocultar los crímenes que se habían cometido. En un principio, sólo hablaban de un demonio, la subversión”.

En el cierre del testimonio del periodista, el defensor Adolfo Bertini ensayó una chicana que quedó en el aire: “¿Usted fue parte de alguna organización política?”, como si la militancia borrara las atrocidades cometidas por los “defensores del orden occidental y cristiano”.


Por la tarde, la audiencia se reanudó con el testimonio de Virginia Sosa, presidenta de la asociación Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc). Su esposo, José Zenón Ruiz es una de los secuestrados durante el Operativo Independencia.

Virginia vivía con su esposo, sus suegros y sus hijos en la calle Italia al 3.000. Ya había presenciado el secuestro de sus hermanas y de su prima, Teresa Sosa y Nilda Isabel Sosa y Ana del Valle Díaz, de la casa de su padre. Las tres  estaban desaparecidas desde mayo. Todos eran de San José, donde –desde el cierre del ingenio, la pobreza y la necesidad eran el pan de cada día.

El 27 de julio de 1975, un grupo de 15 personas se metió en su casa, algunos por los fondos, otros patearon la puerta de entrada. “Me desperté por los tiros, cuando fui al fondo, vi una camioneta de Agua y Energía de la que bajaban hombres con ropa azul y armas largas. Uno de ellos era Albornoz (el imputado Roberto Heriberto Albornoz). Entraron preguntando por José Zenón Ruiz. Lo sacaron con ropa de cama. Yo forcejeaba para que no lo lleven y me dieron una paliza, aunque estaba con mi hijo en los brazos”, relató Virginia.

“Me pegaron mucho. Yo les decía que embarazada, pero ellos seguían. Gritaban: ‘hijo de subversivo no vas a tener’”.

Los secuestradores se llevaron a José Zenón, pero volvieron poco después, para llevarse un televisor, un ventilador, dos anillos… “Encima, me robaron”, le contó al tribunal.

Virginia recorrió, siempre con  hijos a cuestas y a veces con los de su hermana, que habían quedado a su cargo, todos los caminos que pudieran acercarla a José Zenón. “Se llevaron a muchos de San José, y entre todos los que estábamos buscando a nuestros parientes, nos pasábamos información”, explicó.

Fue a la Jefatura de Policía, a la Escuelita de Famaillá, a un lugar en San Pablo, del que no recuerda más que era una casa grande, rodeada de bolsas apiladas, como en trincheras.

Durante su búsqueda, el horror se le hizo patente. Un liberado le dijo que había visto a José en la Escuelita de Famaillá. Allí fue, descalza, con un niño en brazos y otros de la mano.

“Pude pasar porque había una fiesta patria y mentí que iba al acto. Cuando me acerqué, desde atrás del alambrado pude ver que los soldados llevaban cuerpos envueltos en colchas, los arrastraban y los tiraban dentro de los camiones. Así sacaban gente muerta –dijo, entre lágrimas-. Tuve miedo por los chicos y me fui”. En San Pablo, otra vez la escena de los cuerpos, los camiones y el miedo. En la Jefatura de Policía logró entrar hasta una habitación donde vio a personas detenidas, tomadas por el llanto, cubiertas de sangre.

Un comisario, Luis Sosa, que le propuso un intercambio: que entregue información sobre el dirigente azucarero Leandro Fote, a quien ella conocía, para que liberen a Nilda Isabel. El juez Manlio Martínez se negó a recibirle el pedido de hábeas corpus. Con el tiempo, empezó a reunirse con otros familiares de desaparecidos. Primero en una iglesia, de donde los sacaron con perros. En otra, conoció a algunos de los que todavía buscan a los suyos.

“A mis hermanas les dieron la libertad. Teresa fue a Devoto, a Ana y a Nilda las dejaron en la calle. Pero de José no supe más nada. Hace 40 años que lo busco”.

Virginia Sosa termina su testimonio con voz firme. Esperó 41 años para hablar frente a un tribunal. Pide permiso para leer los nombres de los desaparecidos de San José. A cada nombre, la sala contesta “presente”.

La contracara del valiente testimonio de esta mujer de familia obrera, que trabajó amasando pan para sostener a su familia, es la figura de el “Tuerto” Albornoz, que pidió pasar a refutar lo que dijo la testigo. El enfermo que consiguió prisión domiciliaria porque sufre de una serie de dolencias supuestamente graves (nada de eso se vio en la audiencia) salió de su rincón con actitud desafiante y, tras patearle la pierna a uno de los familiares de desaparecidos, se sentó frente al tribunal, envuelto en insultos que llovían desde la sala. Desde el sector de los allegados a los imputados lo aplauden. Entre los presentes hay quien se pregunta qué clase de gente es capaz de vivar al “Tuerto” Albornoz.

Él niega conocerla. También al marido. Afirma que “está adoctrinada”. “No hay un desaparecido con ese apellido”, grazna. No habla de un detenido. Dice “un desaparecido”. Reconoce la desaparición. Albornoz vuelve a mentir, delante de gente que lo reconoce, porque él secuestraba a cara descubierta, abrigado por la impunidad de la patota.


Con los ojos vendados

Pasada la conmoción por las provocaciones de Albornoz, pasó a declarar Ana María López. Su hermano Ricardo Ernesto López, tenía 23 años cuando lo secuestraron. “Era un joven trabajador que quería un país mejor, con derechos…”, rememoró.

A Ricardo lo secuestraron durante la madrugada del 27 de febrero de 1975, de su casa de Corrientes 3.491. De esa noche, Ana tiene un recuerdo claro: personas uniformadas entraron a la casa en la que vivía junto a sus padres y sus seis hermanos. Iban de azul y verde, algunos tenían pañuelos blancos, otros gorras, todos estaban armados. Ingresaron a la casa por la ventana, y una vez allí, la obligaron, junto a su madre, a colocarse boca abajo con las  manos en la nuca. “Nos amenazaron para que nos calláramos. Si no, dijeron, nos iban a violar a todas”, contó al tribunal. Aunque no llegó a ver  quiénes eran los secuestradores, su padre si pudo reconocer entre ellos al “Tuerto” Albornoz.

Después de revolver los armarios y robarse pertenencias de la familia –“hasta las sábanas se llevaron”- la patota sacó a la fuerza a Ricardo Ernesto López de su casa, con los ojos vendados. Esa misma madrugada, fue secuestrado su amigo Rolando Romero.

La búsqueda posterior arrojó pocos resultados. Una pista otorgada por el abogado Ángel Pisarello ubica a Ricardo en la Jefatura de Policía, pero no pudieron corroborar que estaba allí. Ricardo López figura en la lista que presentó Juan Carlos Clemente, con las letras DF (Destino Final) junto a su nombre, que indican que fue asesinado. “Una prima escuchó cuando lo torturaban”, relató Ana.

Nuevamente el intento de instalar la teoría de la guerra se esbozó en la actitud de la defensa de los represores, cuando el abogado Mario Leiva Haro le preguntó en qué organización militaba Ricardo. En su libro, al parecer, la militancia justifica el secuestro y la desaparición.


Una familia perseguida

Los hermanos Miguel Ángel, Enrique Darío y Francisco Raúl Megía eran trabajadores de la citrícola San Miguel por el año 75, cuando la bestial represión del Operativo Independencia los tomó por asalto. Por entonces, los dueños de la empresa eran Antonio y Miguel Matas.

José Domingo Megía, hermano de las tres víctimas declaró en primer lugar. Precisó que Miguel Ángel fue detenido en su lugar de trabajo y que a la fecha se encuentra desaparecido; Enrique Darío y Francisco Raúl, en cambio, fueron secuestrados en sus domicilios y liberados luego de un tiempo de haber estado ilegalmente detenidos -el segundo de ellos ya falleció-. Relató que los tres, al ser secuestrados, estuvieron detenidos, en primera instancia, en "El Canchón". Se trata del sitio donde se emplazaba la administración de la citrícola, en Monte Grande, en la cual había sido instalado un destacamento militar.

Luego, fueron trasladados a Famaillá, al centro clandestino "La Escuelita". José Domingo estuvo detenido durante ese año, en marzo, al igual que sus hermanos, pero por menos tiempo, un mes.

Relató que sus hermanos liberados fueron sometidos a torturas y malos tratos, que al momento de la liberación tenían heridas de picana en todo el cuerpo. Ante el interrogatorio de la fiscalía, mencionó que ninguno de sus hermanos tenía una participación o militancia política activa. Al momento de la detención tenían entre 20 y 25 años.

Herminia Rosario Moyano de Megía y Noemí del Valle Megía, esposa e hija de Enrique Darío Megía, declararon a continuación. Ambas confirmaron la información brindada por José Domingo: Enrique fue secuestrado en marzo del 75 en su hogar, ante la presencia de su familia.

Su hija, que entonces tenía cuatro años, recuerda claramente el momento en que le vendaron los ojos, antes de llevárselo.

Enrique Darío vive, pero en un estado de salud deteriorado. Sufrió recientemente un ACV y aún padece las secuelas psicológicas resultantes de su experiencia de secuestro y cautiverio. A lo largo de los años fue relatando a sus allegados sobre su estadía  en los centros clandestinos, las torturas a las que fue sometido, siempre con mucha dificultad.
Su familia cuenta que recordar el pasado genera en él un gran malestar. Para evitarlo, intentan que recuerde o reviva lo menos posible esa experiencia.

Graciela Victoria Megía, hija de Francisco Raúl, relató también el momento del secuestro de su padre, en el domicilio familiar; por entonces tenía ocho años. Confirmó que su padre estuvo detenido primero en " El Canchón", y luego en "La Escuelita" de Famaillá.

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