Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio
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| Ph Elena Nicolay |
El caso de Oscar Rolando Figueroa es crucial para llegar a tener una
real noción del nivel al que llegaron a estar articuladas las burocracias en el
proceso que comenzó con el Operativo Independencia y culminó con el inicio de
la dictadura. Me refiero al plan de accionar sistemático llevado adelante por
las Fuerzas Armadas Argentinas mediante el cual tomaron control de las
estructuras estatales con el fin de implementar el terror en la población para
así poder condicionar un cambio en la ideología que estaba comenzando a
gestarse en la sociedad, al mismo tiempo que se desarmaban los movimientos
sindicales y sociales que luchaban principalmente, por mejoras laborales y se
plantaban como una resistencia al avance del capitalismo internacional.
El Proceso de Reorganización Nacional, como sería conocido a partir del
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se enmarcaría a nivel continental
dentro del Plan Cóndor, liderado desde Estados Unidos, en estrecha relación con
el sector militar perteneciente a varios países latinoamericanos como Uruguay,
Bolivia y Chile.
Quizás un análisis tan lejano resulte innecesario para explicar el caso
de Rolando Figueroa, pero si es útil visualizar cuán grave fue la distorsión de
los límites legales en Argentina durante la década del 70 y parte del 80.
Si tenemos en cuenta que los crímenes cometidos contra Figueroa
sucedieron en 1974, encontramos la prueba de que el marco de formación del
esquema represivo se remonta inclusive hasta antes del 75.
Fue secuestrado por primera vez en octubre de 1974, aunque no sabe a
dónde fue llevado, luego de varios meses fue liberado cerca de la estación de
Famaillá, desde donde pudo volver a su casa en la localidad de San José. Fue
secuestrado nuevamente la misma noche de su regreso, entre el 3 y el 5 de
diciembre, según consta el expediente de su causa.
Con la intención de buscar un culpable por el asesinato de Humberto
Antonio Viola, o de crearlo a la fuerza, un grupo de personas armadas entre los
cuales se encontraban los imputados Roberto Heriberto Albornoz, Miguel Ángel
Carrizo y Luis Armando De Cándido, entraron violentamente a la casa de la madre
de la víctima, donde vivía para la fecha.
Durante el mismo operativo también fueron secuestradxs su madre, María
Vicenta Figueroa y su padrastro, Ángel Armando Palacios. Su cuñado, José
Agustín Haro, también fue secuestrado esa misma noche pero de otro domicilio.
Lxs cuatro fueron llevados a la Jefatura de Policía, Figueroa recibió
amenazas para que firmara unos papeles sin que se le permitiera leerlos, con la
promesa de que él y su familia serían liberados de inmediato si lo hacía.
Rolando firmó y su familia fue liberada a la madrugada. Sin embargo a él lo
retuvieron y comenzó a ser torturado constantemente. A los pocos días se
produjo su trasladado clandestino hacia algún lugar de Famaillá, donde continuó
recibiendo constantes abusos. Fue encerrado en un ataúd durante varios días y
luego sometido a un simulacro de fusilamiento. Se lo interrogaba a menudo sobre
la muerte de militares y policías. Era picaneado y golpeado, además de ser obligado
a observar cómo otras víctimas eran torturadas.
Después de varias semanas en ese lugar lo llevaron nuevamente a Jefatura
de Policía donde el juez Manlio Martínez, quien está actualmente condenado por
delitos de lesa humanidad, se presentó para interrogarlo. En esa ocasión fue
nuevamente obligado por Albornoz y otros policías a firmar un papel sin poder
leerlo. Luego se enteraría de que esas hoja tenía escrita una declaración en la
cual se adjudicaba la muerte del capitán Viola, de su hija y de otras personas
más, así como también se “declaraba” culpable de portación de armas, asociación
ilícita y tenencia de panfletos subversivos.
En febrero de 1975 Rolando Oscar Figueroa, con solo quince años, era
trasladado al Penal de Villa Devoto. No sería liberado hasta 1983, a pesar de
que en 1979, estando en el Penal de La Plata, el defensor oficial le informó
que había sido sobreseído, ya que lo habían declarado inimputable por ser menor
de edad. A pesar de ello, debería esperar cuatro años para volver a ser libre.
El motivo de esta situación es que legalmente se encontraba “a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional”, el cual se encontraba bajo el control de las Fuerzas
Armadas, ya en plena dictadura.
Su hermana, Olga Alicia
Figueroa, declaró el pasado jueves 27 de abril “No sé qué le pasó. Estaba muy
mal cuando volvió, muy mal. Estaba tan flaquito, que daba pena verlo”.
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