- por Natu Mamaní estudiante de Cs. de la Comunicación para el Diario del Juicio
La
Fiscalía empezó sus alegatos haciendo un recorrido de las pruebas que
consideraban, debían tenerse en cuenta al momento de la valoración de la
sentencia como así también de los variados intentos de ocultar esas pruebas por
parte de los militares.
Trataron
además cada caso por separado. Hicieron referencia a las pruebas que se
quemaron aunque resaltaron que las pruebas más valiosas eran los testigos, los familiares y los
sobrevivientes. Es por esto que se habló de las amenazas sufridas por los testigos, los abogados de la
querella, de la CONADEP, los diputados y abogados de la Bicameral y los
organismos de Derechos Humanos.
El
Dr. Camuña, hizo referencia a las
pruebas encontradas en los allanamientos
realizados el 2010, en los domicilios de muchos de los imputados. Entre
ellos de Roque Ramón Cabral, Juez militar en ese momento. Se encontraron más de
cien fichas de inteligencia de varias de las víctimas que están en la causa y
listas negras de más de 400 personas de
la Universidad Nacional de Córdoba. Y muchas cartas entre ellas de Acdel Vilas
primer comandante en el Operativo Independencia. En esas cartas se menciona a
Torres, se menciona a Cruz como el “traidor”;
Vilas le pedía a Cabral que retuviera las causas y que no las mandara a la
justicia civil. En este intercambio epistolar se daba instrucciones para que
iniciaran acciones contra la CONADEP, contra Sábato, contra Enrique Godoy y contra Orozco.
El
fiscal recalcó la actuación del juzgado
de instrucción militar orientado a generar impunidad. Dijo también que se
impusieron leyes de impunidad con las
que se ganó tiempo, como las leyes de obediencia debida y punto final y que “el
mejor alimento que tiene la impunidad es el paso del tiempo”
Además
remarcó que fue recién en el 2010 que se
pudieron tener las listas del personal civil de inteligencia, como tener el legajo completo de López Guerrero quien está ahora
como uno de los imputados. Dijo además que hace 6 meses se pudo juntar esta
documentación y que recientemente se dieron a conocer por el Ministerio de Defensa,
15 documentos de la Junta Militar en los cuales se incluían cuestiones
como que pretendían continuar con la
dictadura hasta el año 2000 y contaban
con un plan para llevarlo adelante.
Como
hechos que intentaron generar impunidad, mencionó el caso de Benedicto quien
estuvo prófugo durante 6 meses, al enterarse
que la cámara de casación penal había confirmado el procesamiento por el
cual se encuentra hoy en este juicio. Fue capturado en Paraguay. El fiscal
dijo: “La mejor forma de generar
impunidad es escapándose del proceso judicial. “
También
enfatizó en el caudal probatorio inédito que posee esta causa. Casi 400
testigos prestaron declaración, además se incorporaron más de 400 testimonios
de personas que en su momento
declararon y que no pudieron
hacerlo ahora en esta sala debido a que la mayoría falleció. “Y no es eso
cuestión de números sino la profundidad y el valor de los testimonios de esa
verdad. De esa verdad compleja cruzada de sentimientos donde se puede ver la
profunda lesividad que han tenido estos
hechos en los sobrevivientes y familia de las víctimas”.
Al caudal probatorio se suman 100.000 fojas de información, 155 legajos de
la CONADEP, más de 100 legajos de la comisión bicameral, 257 recursos de Habeas
Corpus, la mayoría original. Toda prueba de cargo. La información fue obtenida primero de los familiares y después
por las instituciones del Estado. “Si apiláramos la información tendríamos un edificio
de 30 pisos de pruebas”, dijo.
A las pruebas se agregan 12 cuerpos
identificados en la fosa común del
Arsenal Miguel de Azcuénaga. “12 cuerpos que se juntaron con nombres que no tenían cuerpos y ahora sí lo
tienen. Esta nueva figura con más de 30 re aparecidos que eran desaparecidos y
ahora son asesinados esa es la prueba más importante de cargo”. Junto a esos
cuerpos, 46 sobres con evidencia balística que contienen las balas de los disparos que acabaron con la vida de muchos de los 140 desaparecidos
que fueron parte de este proceso judicial. Para la valoración e incorporación
en la justa medida de las pruebas, se incorporaron a la causa pericias de arqueología
forense, antropología forense y pericia balística. A todo
esto se suman las fotos del Arsenal, entre ellas, material inédito, una foto
aérea tomada en el momento en que el CCD
se encontraba en funcionamiento. Además
las 2 carpetas presentadas por el testigo Clemente en la causa de Jefatura I, como “información que se sacó de las entrañas del servicio de
inteligencia la cual el tribunal ya valoró
en la causa de Jefatura I”
El
Ministerio Público Fiscal sentó su posición en cuanto a cómo deben valorarse
dicho caudal probatorio e hizo mención del artículo 398 del Código Procesal Penal
donde se habla de la Sana Crítica. “La aplicación de la sana crítica consiste
en juntar todos los pedazos y las piezas y leerlos de una manera integrada” “Venimos
a sostener que se aplique la sana lógica en sus máximas posibilidades, que todo
esto sea leído en el contexto en que fue mencionado. Estas pruebas se
consiguieron a pesar de los esfuerzos para que este juicio no se produzca” dijo
también que la prueba principal es la testimonial ya que el 80% de este debate
son los testimonios, además que ya es jurisprudencia en todo el país. Agregó
que no hay testigos que hayan visto todo el iter
criminis es decir como empieza y
termina todo el hecho criminal, sino que hay testigos que vieron diferentes
segmentos de estos hechos. Testigos de secuestro, del CCD, documentación que
apoya todo esto. “Todo disperso y
disgregado”.
En
cuanto a las pruebas en general el ministerio público fiscal se refirió a
algunas cuestiones, en primer lugar al valor
de los legajos de la CONADEP y de la comisión bicameral. Estos son instrumentos de mucha relevancia. Ambas fueron creadas por el estado. La CONADEP
creada por un decreto presidencial con
el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de
personas. La comisión bicameral creada
por las dos cámaras de la entonces bicameral legislatura de Tucumán en la ley
5549. Los dos son entes públicos y sus miembros funcionarios públicos. Ambas
son instrumentos públicos. Se registran
en las pruebas más de 7.000 testimonios e informes finales de la CONADEP. En
segundo lugar a la documentación presentada por Juan Carlos Clemente, “esta
documentación merece una valoración nueva de acuerdo a lo que se produjo en
este debate. Esta prueba posee un alto valor suasorio. Es una prueba
concluyente”
Por
otro lado la fiscalía explicó los planteos realizados para poder entender al
aparato criminal que actuó sobre las víctimas.
212 víctimas, 72 de ellas liberadas y muchas de ellas pudieron declarar.
140 personas desaparecidas 7 reaparecieron y fueron encontradas en las fosas de comunes de Arsenal y en el
cementerio de Tacanas. Hicieron hincapié en la pregunta, ¿Que tienen en
común? Cómo terminan en la misma fosa
común el senador Damián Márquez
reconocido públicamente, ex secretario general de la CGT y Rosario Argañaraz agricultora de Simoca
junto con Ricardo Salinas egresado del Gymnasium, militante del Grupo Evolución Tucumán. Por qué Ana
Cristina Corral, militante de la UES, 16 años va al mismo centro clandestino que René Quinteros, una
persona de Caspinchango de 63 años de edad, por qué esas personas terminan cayendo
en la misma red y terminan sufriendo la misma acción delictiva”?
La
fiscalía hizo referencia a la reconstrucción de la identidad de las víctimas; dijo que entre las víctimas se encontraban
estudiantes secundarios, universitarios, actores, escritores, docentes,
maestros profesores, operarios, jornaleros, obreros, amas de casa,
electricistas, agricultores, comerciantes, médicos, enfermeros, abogados, contadores, ingenieros, empleados, dirigentes
gremiales, diputados nacionales, camioneros, peladores de caña, no docentes,
chapista, jugadores de básquet,
empleadas domésticas, empresarios, panaderos, mecánicos, herreros,
publicistas, vendedores ambulantes,
carteros, policías, martilleros, conscriptos, canillitas, pintores. Y que esas
personas desarrollaban distintas tareas políticas, gremiales, tareas sociales, militancias estudiantiles, universitaria, religiosa
política. Todo el arco de actividad social estaba comprendido por estas 212 víctimas. “Pensar en las víctimas nos hace pensar por
qué fueron seleccionadas y pensar en por qué fueron seleccionadas es pensar en
quién las seleccionó. Dijo Varela “las
fuentes de información son todas las personas o grupos de personas, o lugares
físicos de donde se extraía la información llámese Juan Pérez, sindicato,
universidad, ingenio, etc.”
El
ministerio público fiscal afirmó: “llegamos a la conclusión de que estas
personas fueron seleccionadas porque eran enemigos de este plan criminal y de
quienes lo representaban y porque eran
enemigos de las personas que están aquí sentadas como imputados.”
El
fiscal Camuña explicó el uso de la palabra enemigo y dijo que esta se usa en
política pero que proviene del lenguaje bélico (ejército enemigo) y que los
imputados mezclaron estos dos conceptos y al enemigo en sentido bélico los
transformaron en enemigo en sentido político.
Se habló también sobre la creación de la figura del enemigo. “Zaffaroni dice que esto empieza
discursivamente con la legitimidad de la acción, intervención sobre el enemigo,
esto se lleva a cabo y empieza con la policía y el poder judicial. El estado no se va a auto-limitar, va a empezar a salirse de la cuestión formal
y va a producirse un medio clandestino de punición. Esas personas van a ser secuestradas y ejecutadas por fuera de las instituciones. Empieza por el discurso y
termina en el genocidio.”
Los
fiscales Rovira y Peralta Palma se ocuparon en sucesivas audiencias de realizar
una descripción minuciosa, relatando uno por uno los casos a los que la
fiscalía atiende. Trajeron al presente a cada persona víctima del régimen
militar y recordaron a la vez los dichos de algunos familiares y amigos de las
víctimas. Se pormenorizó persona a persona, narrando las condiciones de los
secuestros o asesinatos y las posteriores pericias de cada familia en ánimo de
encontrar al ser querido.
La fiscalía realizó también, un trabajo muy interesante acerca del rol de los
medios durante la dictadura militar, dando ejemplos muy claros de cómo ciertos
medios colaboraron con el régimen tergiversando acontecimientos, publicándolos
como (por ejemplo) meros hechos de la sección “policiales”. Dieron, al igual
que las querellas, un rostro a cada nombre.
También dieron a cada crimen un responsable, siendo el Dr. Camuña el encargado
de leer las responsabilidades de cada uno de los imputados en lo que también
fue una pormenorizada lista tomando en cuenta a cada imputado y a las víctimas
y acciones por las que fue responsable.
Pedidos
de pena
Prisión
perpetua para 33 imputados: 13 militares: Camilo Ángel Colotti, Pedro Osvaldo
Caballero, Hugo Enzo Soto, Augusto Leonardo Neme, Fernando Torres, Luis Orlando
Varela, Mario Miguel D’Ursi, Jorge Omar Lazarte, Luis Orlando Ocaranza, Ramón
Ernesto Cooke, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore y Ramón Alfredo
Ojeda Fuente. 5 gendarmes: Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Benito Palomo,
Tomás Adolfo Güemes y Alberto Héctor Rafael Montes de Oca. 14 policías: Roberto
Heriberto Albornoz, Juan Alberto Abraham, María Luisa Acosta de Barraza, Miguel
Chuchuy Linares, Luis Armando De Cándido, Hugo Javier Figueroa, Oscar Humberto
Gómez, Antonio Esteban Versellone, Ángel Custodio Moreno, Pedro José Pasteris,
Rolando Reyes Quintana, Ricardo Oscar Sánchez, Guillermo Agustín Ugarte y Félix
Insaurralde. Y un civil: Juan Carlos Jesús Benedicto.
Además la fiscalía pidió la baja deshonrosa
del ejército de a los militares, la revocación de las excarcelaciones, la exoneración a los
miembros de la policía y la destitución a los gendarmes. A los demás imputados
le corresponderían las penas de 25 años de prisión e inhabilitación por el
doble de tiempo para Carlos Eduardo Trucco y Ariel Orlando Valdiviezo; 18 años
de prisión para Marcelo Omar Godoy; 15 años para Celso Barraza y el cura José
Eloy Mijalchyck. Para el policía Ramón César Jodar 12 años; para los civiles
Francisco López Guerrero 13 años de prisión y, por el delito de usurpación,
cuatro años de prisión para María Elena Guerra.
Agradecemos las fotografías de Agencia INFOTO para el Diario del Juicio.
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