viernes, 22 de noviembre de 2013

Alegatos Días 4, 5, 6 y 7

  • por Natu Mamaní estudiante de Cs. de la Comunicación para el Diario del Juicio

La Fiscalía empezó sus alegatos haciendo un recorrido de las pruebas que consideraban, debían tenerse en cuenta al momento de la valoración de la sentencia como así también de los variados intentos de ocultar esas pruebas por parte de los militares.
Trataron además cada caso por separado. Hicieron referencia a las pruebas que se quemaron aunque resaltaron que las pruebas más valiosas eran los testigos, los familiares y los sobrevivientes. Es por esto que se habló de las  amenazas sufridas  por los testigos, los abogados de la querella, de la CONADEP, los diputados y abogados de la Bicameral y los organismos de Derechos Humanos.

El Dr. Camuña,  hizo referencia a las pruebas encontradas en los allanamientos  realizados el 2010, en los domicilios de muchos de los imputados. Entre ellos de Roque Ramón Cabral, Juez militar en ese momento. Se encontraron más de cien fichas de inteligencia de varias de las víctimas que están en la causa y listas negras de  más de 400 personas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y muchas cartas entre ellas de Acdel Vilas primer comandante en el Operativo Independencia. En esas cartas se menciona a Torres, se menciona a Cruz  como el “traidor”; Vilas le pedía a Cabral que retuviera las causas y que no las mandara a la justicia civil. En este intercambio epistolar se daba instrucciones para que iniciaran acciones contra la CONADEP, contra Sábato, contra Enrique Godoy  y contra Orozco.
El fiscal recalcó la actuación del  juzgado de instrucción militar orientado a generar impunidad. Dijo también que se impusieron leyes  de impunidad con las que se ganó tiempo, como las leyes de obediencia debida y punto final y que “el mejor alimento que tiene la impunidad es el paso del tiempo”
Además  remarcó que fue recién en el 2010 que se pudieron tener las listas del personal civil de inteligencia, como  tener el legajo  completo de López Guerrero quien está ahora como uno de los imputados. Dijo además que hace 6 meses se pudo juntar esta documentación y que recientemente se dieron a conocer por el Ministerio de Defensa, 15 documentos de la Junta Militar en los cuales se incluían cuestiones como  que pretendían continuar con la dictadura hasta el año 2000  y contaban con  un plan para llevarlo adelante.
Como hechos que intentaron generar impunidad, mencionó el caso de Benedicto quien estuvo prófugo durante 6 meses, al enterarse  que la cámara de casación penal había confirmado el procesamiento por el cual se encuentra hoy en este juicio. Fue capturado en Paraguay. El fiscal dijo: “La mejor forma  de generar impunidad es escapándose del proceso judicial. “

También enfatizó en el caudal probatorio inédito que posee esta causa. Casi 400 testigos prestaron declaración, además se incorporaron más de 400 testimonios de personas que en su momento  declararon  y que no pudieron hacerlo ahora en esta sala debido a que la mayoría falleció. “Y no es eso cuestión de números sino la profundidad y el valor de los testimonios de esa verdad. De esa verdad compleja cruzada de sentimientos donde se puede ver la profunda lesividad que han tenido  estos hechos en los sobrevivientes y familia de las víctimas”.
Al caudal probatorio se suman  100.000 fojas de información, 155 legajos de la CONADEP, más de 100 legajos de la comisión bicameral, 257 recursos de Habeas Corpus, la mayoría original. Toda prueba de cargo. La información fue  obtenida primero de los familiares y después por las instituciones del Estado. “Si apiláramos la información tendríamos un edificio de 30 pisos de pruebas”, dijo.
A las pruebas se agregan 12 cuerpos identificados en la fosa común  del Arsenal Miguel de Azcuénaga. “12 cuerpos que se juntaron con  nombres que no tenían cuerpos y ahora sí lo tienen. Esta nueva figura con más de 30 re aparecidos que eran desaparecidos y ahora son asesinados esa es la prueba más importante de cargo”. Junto a esos cuerpos, 46 sobres con evidencia balística que contienen las balas de los  disparos que acabaron  con la vida de muchos de los 140 desaparecidos que fueron parte de este proceso judicial. Para la valoración e incorporación en la justa medida de las pruebas, se incorporaron a la causa pericias de arqueología forense, antropología forense y pericia balística.  A  todo esto se suman las fotos del Arsenal, entre ellas, material inédito, una foto aérea tomada  en el momento en que el CCD se encontraba en funcionamiento.  Además las 2 carpetas presentadas por el testigo Clemente en la causa de  Jefatura I, como “información  que se sacó de las entrañas del servicio de inteligencia  la cual el tribunal ya valoró en  la causa de Jefatura I”

El Ministerio Público Fiscal sentó su posición en cuanto a cómo deben valorarse dicho caudal probatorio e hizo mención del artículo 398 del Código Procesal Penal donde se habla de la Sana Crítica. “La aplicación de la sana crítica consiste en juntar todos los pedazos y las piezas y leerlos de una manera integrada” “Venimos a sostener que se aplique la sana lógica en sus máximas posibilidades, que todo esto sea leído en el contexto en que fue mencionado. Estas pruebas se consiguieron a pesar de los esfuerzos para que este juicio no se produzca” dijo también que la prueba principal es la testimonial ya que el 80% de este debate son los testimonios, además que ya es jurisprudencia en todo el país. Agregó que no hay testigos que hayan visto todo el iter criminis es decir como empieza y termina todo el hecho criminal, sino que hay testigos que vieron diferentes segmentos de estos hechos. Testigos de secuestro, del CCD, documentación que apoya todo esto. “Todo  disperso y disgregado”.
En cuanto a las pruebas en general el ministerio público fiscal se refirió a algunas cuestiones,  en primer lugar al valor de los legajos de la CONADEP y de la comisión bicameral.  Estos son instrumentos de mucha relevancia.  Ambas fueron creadas por el estado. La CONADEP creada por un decreto presidencial  con el objeto de  esclarecer los  hechos relacionados con la desaparición de personas. La comisión  bicameral creada por las dos cámaras de la entonces bicameral legislatura de Tucumán en la ley 5549. Los dos son entes públicos y sus miembros funcionarios públicos. Ambas son instrumentos públicos.  Se registran en las pruebas más de 7.000 testimonios e informes finales de la CONADEP. En segundo lugar a la documentación presentada por Juan Carlos Clemente, “esta documentación merece una valoración nueva de acuerdo a lo que se produjo en este debate. Esta prueba posee un alto valor suasorio. Es una prueba concluyente”


Por otro lado la fiscalía explicó los planteos realizados para poder entender al aparato criminal que actuó sobre las víctimas.  212 víctimas, 72 de ellas liberadas y muchas de ellas pudieron declarar. 140 personas desaparecidas 7 reaparecieron y fueron encontradas en  las fosas de comunes de Arsenal y en el cementerio de Tacanas. Hicieron hincapié en la pregunta, ¿Que tienen en común?  Cómo terminan en la misma fosa común el senador Damián Márquez  reconocido públicamente, ex secretario general de la  CGT y Rosario Argañaraz agricultora de Simoca junto con Ricardo Salinas egresado del Gymnasium, militante  del Grupo Evolución Tucumán. Por qué Ana Cristina Corral, militante de la UES, 16 años va al mismo  centro clandestino que René Quinteros, una persona de Caspinchango de 63 años de edad, por qué esas personas terminan cayendo en la misma red y terminan sufriendo la misma acción delictiva”?

La fiscalía hizo referencia a la reconstrucción de la identidad de las víctimas;  dijo que entre las víctimas se encontraban estudiantes secundarios, universitarios, actores, escritores, docentes, maestros profesores, operarios, jornaleros, obreros, amas de casa, electricistas, agricultores, comerciantes, médicos, enfermeros, abogados,  contadores, ingenieros, empleados, dirigentes gremiales, diputados nacionales, camioneros, peladores de caña, no docentes, chapista,  jugadores de básquet, empleadas domésticas, empresarios, panaderos, mecánicos, herreros, publicistas,  vendedores ambulantes, carteros, policías, martilleros, conscriptos, canillitas, pintores. Y que esas personas desarrollaban distintas tareas políticas, gremiales,  tareas sociales, militancias  estudiantiles, universitaria, religiosa política. Todo el arco de actividad social estaba comprendido por estas 212 víctimas.  “Pensar en las víctimas nos hace pensar por qué fueron seleccionadas y pensar en por qué fueron seleccionadas es pensar en quién las seleccionó.  Dijo Varela “las fuentes de información son todas las personas o grupos de personas, o lugares físicos de donde se extraía la información llámese Juan Pérez, sindicato, universidad, ingenio, etc.”

El ministerio público fiscal afirmó: “llegamos a la conclusión de que estas personas fueron seleccionadas porque eran enemigos de este plan criminal y de quienes lo  representaban y porque eran enemigos de las personas que están aquí sentadas como imputados.”
El fiscal Camuña explicó el uso de la palabra enemigo y dijo que esta se usa en política pero que proviene del lenguaje bélico (ejército enemigo) y que los imputados mezclaron estos dos conceptos y al enemigo en sentido bélico los transformaron en enemigo en sentido político.  Se habló también sobre la creación de la figura del enemigo.  “Zaffaroni dice que esto empieza discursivamente con la legitimidad de la acción, intervención sobre el enemigo, esto se lleva a cabo y empieza con la policía y el poder judicial.  El estado no se va a auto-limitar,  va a empezar a salirse de la cuestión formal y va a producirse un medio clandestino de punición. Esas personas van a  ser secuestradas  y ejecutadas por fuera de las  instituciones. Empieza por el discurso y termina en el genocidio.”


Los fiscales Rovira y Peralta Palma se ocuparon en sucesivas audiencias de realizar una descripción minuciosa, relatando uno por uno los casos a los que la fiscalía atiende. Trajeron al presente a cada persona víctima del régimen militar y recordaron a la vez los dichos de algunos familiares y amigos de las víctimas. Se pormenorizó persona a persona, narrando las condiciones de los secuestros o asesinatos y las posteriores pericias de cada familia en ánimo de encontrar al ser querido.

La fiscalía realizó también, un trabajo muy interesante acerca del rol de los medios durante la dictadura militar, dando ejemplos muy claros de cómo ciertos medios colaboraron con el régimen tergiversando acontecimientos, publicándolos como (por ejemplo) meros hechos de la sección “policiales”. Dieron, al igual que las querellas, un rostro a cada nombre. 
También dieron a cada crimen un responsable, siendo el Dr. Camuña el encargado de leer las responsabilidades de cada uno de los imputados en lo que también fue una pormenorizada lista tomando en cuenta a cada imputado y a las víctimas y acciones por las que fue responsable.


Pedidos de pena
Prisión perpetua para 33 imputados: 13 militares: Camilo Ángel Colotti, Pedro Osvaldo Caballero, Hugo Enzo Soto, Augusto Leonardo Neme, Fernando Torres, Luis Orlando Varela, Mario Miguel D’Ursi, Jorge Omar Lazarte, Luis Orlando Ocaranza, Ramón Ernesto Cooke, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore y Ramón Alfredo Ojeda Fuente. 5 gendarmes: Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Benito Palomo, Tomás Adolfo Güemes y Alberto Héctor Rafael Montes de Oca. 14 policías: Roberto Heriberto Albornoz, Juan Alberto Abraham, María Luisa Acosta de Barraza, Miguel Chuchuy Linares, Luis Armando De Cándido, Hugo Javier Figueroa, Oscar Humberto Gómez, Antonio Esteban Versellone, Ángel Custodio Moreno, Pedro José Pasteris, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Oscar Sánchez, Guillermo Agustín Ugarte y Félix Insaurralde. Y un civil: Juan Carlos Jesús Benedicto.


Además la fiscalía pidió la baja deshonrosa del ejército de a los militares, la revocación de las excarcelaciones, la exoneración a los miembros de la policía y la destitución a los gendarmes. A los demás imputados le corresponderían las penas de 25 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo para Carlos Eduardo Trucco y Ariel Orlando Valdiviezo; 18 años de prisión para Marcelo Omar Godoy; 15 años para Celso Barraza y el cura José Eloy Mijalchyck. Para el policía Ramón César Jodar 12 años; para los civiles Francisco López Guerrero 13 años de prisión y, por el delito de usurpación, cuatro años de prisión para María Elena Guerra.

Agradecemos las fotografías de Agencia INFOTO para el Diario del Juicio.

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