- por Gabriela Cruz del Colectivo La Palta para el Diario del Juicio
El 24
de marzo de 1976 se perpetró en Argentina el golpe de estado más sangriento de
la historia del país. Un golpe que respondió a un plan de implementación de un
sistema económico y social que tenía una fuerte resistencia de diferentes
sectores de la población, un golpe que implicó estrategias basadas en el
avasallamiento de todas las instituciones democráticas y de todos los derechos
de quienes habitaban este suelo.
La
historia se fue escribiendo con dolor, pérdidas y sangre, pero también con
búsqueda, lucha y convicciones que no claudicaron ante nada ni nadie. Pasaron
gobiernos democráticos que por temor o conveniencia decidieron ser cómplices de
semejante atrocidad, pero ya el camino estaba empezado a andar. Los pedidos de
justicia hechos a los gritos por madres, familiares y luego por hijos de las
víctimas de lo que fue el terrorismo de Estado, encontraron eco en un mundo que
se decidió a pronunciar la palabra genocidio, que optó por determinar qué eran
los delitos de Lesa Humanidad y que afirmó que esos delitos no prescriben.
Así,
con una democracia cada vez más afianzada y con el apoyo de la voluntad
política llegó el momento de que la justicia obrase juzgando a quienes fueron
responsables y partícipes de los crímenes cometidos en el marco del golpe militar.
En la
provincia de Tucumán las causas que se vienen juzgando y condenando son varias,
pero la que se juzga en estos momentos, conocida como “Megacausa Arsenales II
JefaturaII, es una de las de mayor envergadura, y no solamente porque es el más
grande del Norte Argentino sino porque además, hace evidente un plan
sistemático de exterminio de un grupo de personas y, porque da cuenta de la red
de complicidades civiles y eclesiales que tuvieron una activa participación. Un
plan que consistió en la detención ilegal de esas personas, en torturas y, en
muchos casos, el asesinato de las mismas. Incluyó también violaciones,
secuestros de niños recién nacidos y apropiación de esas nuevas vidas.
El
juicio de la Megacausa Jefatura II-Arsenales II
El
juicio empezó el día lunes 12 de noviembre con la lectura de las acusaciones a
los 44 imputados, al término de esa primera semana, la defensa planteó los
pedidos de nulidad y exclusiones varias que quedaron pendientes a resolver por
el tribunal durante el cuarto intermedio. Durante esa misma semana se conoció
que tanto Ernesto Arturo Alais, Hugo Rolando Albornoz y Luciano Benjamín
Menendez quedaron separados de la causa y no serían juzgados en esta
oportunidad.
La
audiencia se reanudó el jueves 22 con la lectura de las resoluciones del
tribunal presidido por Carlos Jiménez Montilla. Esas resoluciones implicaron:
no hacer lugar a las nulidades planteadas pero sí tener en cuenta ciertas
exclusiones, por lo que se volvieron a dar lectura de las acusaciones, dejando
claro cuales son los delitos que se juzgan en este largo proceso.
La
semana terminó con el inicio de la rueda de declaraciones de los acusados, cada
uno de ellos tuvo la oportunidad para hablar sobre los delitos que cometieron,
pero todos decidieron no decir una
palabra al respecto. Siguiendo las reglas del debido proceso se leyó lo que
declararon en el periodo de las indagatorias.
Los
primeros en declarar insistieron en no entender las razones por las que se
encuentran sentados frente al tribunal, ninguno recuerda haber participado ni
tener conocimiento de secuestro alguno y mucho menos aún, de las torturas que
más adelante serán confirmadas por los testigos víctimas. Todos negaron una y
otra vez el conocimiento del Servicio de Información Confidencial (SIC),
afirmaron que es una sigla que escucharon por primera vez en el marco de las
investigaciones por estas causas hoy juzgadas. Todos, excepto uno.
Se
empieza a abrir una grieta
Ya en
la tercera semana del juicio esta etapa de declaraciones iba llegando a su fin.
El jueves 29 hablaron los imputados que faltaban, entre los que se encontraba
Roberto Albornoz, conocido popularmente como “el tuerto” que paradójicamente
afirmó no tener ningún apodo. Pero más allá de este dato anecdótico, si se
quiere, fue la presencia de Luis Armando De Cándido la que marcó una primera grieta
en lo que busca presentarse como una defensa sólida.
De
Cándido habló, como muchos otros, de sus condiciones de salud. Una situación
propia de la edad que tiene y que no dista mucho de la de cientos de familiares
de las víctimas y de sobrevivientes de la última dictadura militar. Denunció
frente a toda la audiencia que recibió
malos tratos y que se encuentra en pésimas condiciones desde que está detenido,
denuncia que, cabe mencionar, no fue acompañada por ningún otro acusado en esta
causa. De todos modos, las condiciones carcelarias son un tema aparte que deben
ser atendidas para todos los que allí se encuentran detenidos.
Luego
de afirmar que se encuentra vivo gracias a la atención de médicos y enfermeros,
en claro reproche al personal penitenciario, se refirió puntualmente a su
acusación como torturador. En ese momento parecía que todo iba a ser más de lo
mismo que se vino escuchando, sin embargo, su afirmación empezó a resquebrajar el
bloque que asegura no conocer, no saber sobre la existencia de torturas. Dijo,
palabras más, palabras menos, que él, particularmente no había torturado a
nadie, pero que sí sabía de otros que eran, efectivamente, torturadores.
Si bien
se dice que el hilo se corta por lo más fino, lo importante en este caso es que
se corta. Que ya en estas instancias alguien admita que en la Jefatura Central
de Policía funcionó un centro de detención clandestino y que allí se efectuaban
torturas no es un dato menor.
La
verdad empieza a ser pública
El
viernes 30 de noviembre, después de terminada la ronda de declaraciones empezó
la rueda de testigos. La primera en sentarse frente al tribunal fue la abogada
querellante Laura Figueroa. En su condición de testigo del secuestro de Celia
Medina, Laura contó lo más detalladamente posible lo que recuerda de aquella
noche en que vivió en directo el horror de una familia.
Terminada
su exposición empezaron las preguntas, primero fue la fiscalía quien buscó
aclarar detalles que pudieron haber quedado confusos, luego fue la defensa
quien tomó la palabra. El interrogatorio de la parte defensora buscó
cuestionar, emitiendo solapadamente juicios de valor, el accionar de los padres
de la testigo, que si la dejaron salir sola a esas horas, que cuantos hermanos
la acompañaron, como si con sus 26 años Figueroa hubiese estado cometiendo
algún delito. Ya entonces fue evidente la estrategia de la defensa en lo que
respecta al trato de los testigos.
Más
tarde fue el turno de Daniel Villagra, testigo por el caso Chebaia y luego se
presentó a hacer su declaración testimonial Fernando José Sosa Padilla. En
ambos casos, el momento de hacer las preguntas por parte de la defensa
significó en realidad una oportunidad para que los letrados hagan declaraciones
sobre lo que para ellos se vivió en los años 70’ y para poner en tela de juicio
la militancia política de los testigos, criminalizando de este modo a las
víctimas y corriendo el foco de lo que en realidad se está juzgando.
Estas
dos últimas declaraciones tuvieron algunos incidentes provocados por los
defendidos y sus defensores. Primero fue “el tuerto” Albornoz el que se levantó
de su silla y a los gritos le decía mentiroso a Villagra que había afirmado
reconocerlo al momento del secuestro de José Chebaia. Luego fue el mismo
abogado defensor y hermano de Juan Carlos Benedicto el que acusó de falso
testimonio al último testigo que se había presentado. Sus gritos y maltratos
hacia Sosa Padilla dejaron más que claro que se busca amedrentar las futuras
declaraciones, sembrar el temor en los próximos testigos y evitar que la verdad
y la justicia sean las verdaderas dueñas de este juicio. No obstante estos
artilugios, el tribunal resolvió no hacer lugar a la denuncia y pedido de
detención por parte de Benedicto y exhortó, nuevamente, a respetar el trato que
deben recibir los testigos, principalmente aquellos que comparecen además, como
víctimas.
Muchos
de estos acusados son ya declarados genocidas por otros tribunales y en otras
causas, pero este juicio, con una particular impronta y una gran importancia
por fin ha comenzado. De un lado se despliegan la convicción de que tantos años
de lucha por la justicia tienen, hoy, más sentido que nunca. Del otro solo
resta apelar a la mentira y al ocultamiento, a una defensa que no se basa en
defender, precisamente, sino en maltratar, acusar y denigrar a los demás. Algo
sobre lo que los acusados saben mucho más de lo que admiten.
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