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Un ataque a la organización de la clase obrera, con prácticas genocidas


Por Valeria Totongi
Una lógica que explique el horror, algo que demuestre que no se trató de la locura de unos monstruos cebados con sangre es lo que parece buscar cada testigo frente a los jueces en la sala del Tribunal Oral Federal en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por eso tienen tanto peso en el desarrollo de estos procesos los testimonios de personas expertas, investigadores que han dedicado años de trabajo a desentrañar y analizar los mecanismos con los que funcionó el terrorismo de Estado, los métodos que aplicó y las razones detrás de estas decisiones.

El testimonio de Ana Jemio, doctora en Ciencias Sociales que estudió para su tesis las mecánicas del Operativo Independencia, apuntó en ese sentido, el primer día de la reapertura de las audiencias en la Megacausa en la que se juzga a 25 imputados por crímenes contra 336 víctimas de secuestros, torturas y asesinatos, entre otros delitos en el marco del terrorismo de Estado en Tucumán, desde febrero de 1975.
“Intentaron destruir procesos organizativos, más allá de los individuos”, afirmó la investigadora ante el tribunal integrado por Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y José Quiroga Uriburu.

Las prácticas genocidas que se implementaron desde el Estado tuvieron el objetivo declarado de perseguir a la guerrilla instalada en el monte o a los militantes sociales y políticos, pero también buscaron aterrorizar a la población para disciplinarla y así destruir procesos de organización social y sindical.

“Durante muchos años, el Operativo Independencia fue declarado como un operativo que venía a combatir a la guerrilla en el monte tucumano. Ese discurso tiene pregnancia aún hoy -señaló Jemio-. Y no es mentira, efectivamente hicieron eso, pero no persiguieron exclusivamente a guerrilleros o a sus colaboradores, sino que tuvieron el objetivo de atacar territorialidades sociales. Para ello construyeron la figura del ‘subversivo’, que aplicaron en un sentido amplio”, dijo.

Por eso, el genocidio en Tucumán no puede entenderse “sólo” en términos de exterminio, sino en relación con las liberaciones de los secuestrados, que volvían a  sus comunidades y mostraban lo que les había sucedido, para propagar el terror, explicó la experta en un pasaje de su testimonio. Durante más de dos horas, desplegó mapas e infografías, gráficos con estadísticas, datos y comparaciones para fundamentar su análisis sobre la mecánica de la represión en Tucumán, resultado de 15 años de investigaciones para su tesis doctoral.

La acción militar se distribuyó en una “zona de operaciones” y una “zona de retaguardia” que coinciden con la ubicación de fábricas y con las regiones más densamente pobladas, sobre todo con población obrera. La distribución territorial es un factor fundamental para comprender los hechos, porque cada militante tenía un entorno laboral, vecinal, familiar, de clase. “Esas zonas fabriles y de viviendas obreras, en el este, el norte y sur de la provincia, tienen una historicidad que se relaciona con la organización sindical y las luchas por las fuentes de trabajo y el salario” en los años previos.

Durante su investigación, contó Jemio, pudo establecer que un tercio de las víctimas del terrorismo de Estado en Tucumán sufrió secuestros y asesinatos antes del golpe de marzo de 1976. Al menos 60 espacios de detención clandestina funcionaron entre fines de 1974 y marzo de 1976 en la provincia. La instalación de estos centros de secuestro y tortura cerca de zonas pobladas, donde todos sabían lo que pasaba, tuvo el efecto de instalar -además del terror- el desaliento y la impotencia: “Se lograba así una capilaridad del terror, que estaba presente en todo momento, no como algo imaginado, y en todo momento de la vida”.

El terror era una vía, pero también había otras, como la del control poblacional y las de acción cívica y psicológica), que están consignadas en los propios reglamentos del Ejército. En algunas comunidades, la represión alcanzó a una gran proporción de la población. En Santa Lucía, por ejemplo, llegó a haber una víctima por cada 26 habitantes, mientras que en Famaillá, otro territorio donde se desplegó el Operativo Independencia, hubo una víctima cada de 100 personas, señaló.

El debate que se reanudó el jueves 13, luego de la feria judicial, incluye los procesos referidos a los centros clandestinos de detención “Arsenal” y “Reformatorio”, e incorpora a dos víctimas: el senador provincial Dardo Molina y el sastre Osvaldo Muñoz, y juzga la responsabilidad de dos nuevos imputados por hechos que fueron objeto de debate previo.

En la primera jornada de 2020 declaró, por videoconferencia, desde Mar del Plata, Carlos Alberto Albornoz, que en el año 74 integraba la comisión interna en la fábrica textil Grafanor, en Famaillá y que vivía en Santa Lucía cuando comenzó el Operativo Independencia. Albornoz confirmó que la base militar en el ingenio Santa Lucía era usada como centro clandestino de detención. Ramón Bernardo Córdoba, también de Santa Lucía, identificó “al coronel (Camilo) Colotti” como uno de los responsables de “la base” y dijo que, en la zona, actuaba personal militar de Tartagal. Roberto Liacoplo, que ya declaró en junio de 2016, en el juicio “Operativo Independencia”, amplió su declaración sobre los asentamientos militares en Lules: “Había una base militar en la zona conocida como La Bomba, otra en El Tuyango y una tercera en el casco del ex ingenio Lules. Estaban a cargo de (Julio Cayetano) Pelagatti”, dice Liacoplo. Dijo, además, que había operativos conjuntos entre militares y policías federales”.

Las audiencias se realizan los jueves y viernes, desde las 9.30, en el Tribunal Oral Federal de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Pueden ingresar las personas mayores de 18 años y hay que presentarse con DNI

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