lunes, 15 de agosto de 2016

Terrorismo de estado en el surco: el Ingenio San Pablo

  • por Ana Melnik para el Diario del Juicio

Manuel Andrés Yapura es de San Pablo, actualmente vive ahí. A principios de 1975 trabajaba como obrero en el Ingenio San Pablo y era delegado del mismo en el sindicato por aval general de los demás trabajadores. En realidad, aclara, era el delegado “de palabra” ya que, legalmente, por ser menor de edad, no podía representar a sus compañeros. Incluso trabajaba en negro, por la misma razón, con la ficha de otro empleado, bajo un nombre que no era suyo. Su ingreso al ingenio, en el 69, coincidió con la gran crisis del sector azucarero. 


El ingenio no cerró, pero las consecuencias de las crisis se hicieron sentir en las ya precarias condiciones de trabajo. Manuel Andrés sabía leer y escribir -antes de tener que empezar a trabajar, había podido terminar la escuela primaria-, por lo que sus compañeros le delegaron la tarea de redactar por escrito las problemáticas e inquietudes que fuesen expresadas durante las asambleas de los trabajadores, y enviar este informe al sindicato.


Frente al tribunal, cuenta sobre la gran huelga general del 74, convocada por la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera). A raíz de este gran reclamo reivindicativo fueron detenidos sindicalistas y obreros –él mismo fue detenido-, se armaron listas negras de trabajadores y, para amedrentar a los participantes, fueron marcadas con cruces casas de obreros.
Los reclamos que sostenían la huelga eran varios: obtener mejoras salariales, que se pusiese en marcha la reparación y renovación de las instalaciones y maquinarias. En los últimos años habían muerto trabajadores y otros habían sufrido graves lesiones manipulando maquinarias deterioradas. Otro problema era el gran recorte a la mano de obra; el ingenio había incorporado máquinas que reemplazaban la fuerza de trabajo de 300 obreros. Y, como trasfondo a todas estas problemáticas, el nunca resuelto conflicto del trabajador del surco: tener asegurado sólo seis meses de trabajo al año.

Manuel Andrés fue detenido nuevamente en febrero del `75. En primera instancia fue conducido al destacamento militar que había sido emplazado en una finca que pertenecía al Ingenio San Pablo, a 10 minutos de San Pablo. De ahí fue trasladado al CCD “La Escuelita” en Famaillá.

Supo que éste era el lugar donde estaba secuestrado porque podía escuchar por altoparlantes la propaganda que publicitaba los festejos del carnaval en Famaillá. En “La Escuelita” fue sometido cruelmente a todo tipo de torturas e interrogatorios.

Le preguntaban si sabía quién era el “Queso” Yapura, y cuando contestaba que era él, le decían que no, que estaba mintiendo, que él no era el “Queso” sino su “sombra”, su mano derecha. Es decir, como parte de la tortura psicológica le negaban su identidad y le adjudicaban una inexistente, la de una “sombra” de sí mismo.

Lo interrogaban, también por la actividad de vecinos de su barrio, de otros obreros, por la Compañía de Monte, a la que lo acusaban de pertenecer. "Yo pertenecía a la Juventud Peronista, no al PRT", relata.

Manuel Andrés cuenta que durante el cautiverio podía, ocasionalmente, comunicarse con otros detenidos. De este modo habían podido acordar que el que lograse salir haría la denuncia por todos los demás secuestrados.

Esta detención sería el comienzo de un largo cautiverio. Posteriormente fue trasladado a la Jefatura de Policía y luego al penal de Villa Urquiza. Bajo la autoridad del ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, se le inició una causa penal, en la que fue acusado de asociación ilícita, tenencia de armas de guerra (se le adjudicó la portación de explosivos tras un inexistente allanamiento a su vivienda) y tenencia de material subversivo. De esta causa fue sobreseído en octubre del 76, pero para ese entonces ya estaba preso en Rawson, Chubut, donde le iniciaron otra causa interna. En el 79 fue trasladado por última vez, a la Plata, donde permaneció detenido hasta recuperar su libertad.

Yapura testificó también en la causa contra el ex juez Manlio Martínez, condenado por delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad (como autor) y asociación ilícita agravada (coautor), en el marco del genocidio perpetrado por las fuerzas de la dictadura.-

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