martes, 30 de agosto de 2016

Dios ha muerto

  • por Marcos Nahuel Escobar para el Diario del Juicio
PH Archivo Operativo Independencia - Gentileza Archivo Nacional de la Memoria



La represión, no la justicia, es ciega. Desde este diario sostenemos que el Operativo Independencia no fue solamente un plan sistemático de adoctrinamiento en contra de los movimientos sindicales de Tucumán, sino también en contra de toda la población de la provincia. Principalmente los habitantes del sur.

Los pueblos de Aguilares, Concepción, San Pablo, entre otros (entre tantos), sufrieron en carne propia y viva el peso de la represión llevada a cabo por el mismo estado y las fuerzas armadas que debían protegerlos. El objetivo: alienar a los vecinos y vecinas unas de otros. Provocarles miedo, terror. Neutralizar su voluntad de ayudarse unos a otras y su capacidad de organizarse y movilizarse contra los abusos de los que eran víctimas.

Juan Eduardo, Roberto Jorge Liacoplo y Galante María Josefa. Segundo, tercer y cuarto testigo respectivamente de la audiencia del jueves 30 de junio. Hermano mayor, hermano menor y esposa del primero. Oriundos de la ciudad de Lules, comparten una asombrosa exactitud en el relato de sus vidas antes, durante y después de su secuestro en febrero de 1975.

Italia 239, afirman frente al tribunal, era su dirección en esa época. Juan Eduardo, relata su participación en el Tucumanazo, pero no desde una organización política, sino desde las multitudinarias asambleas realizadas en el comedor de la facultad. Volanteando a la salida del Ingenio Mercedes, invitando a lxs obrerxs a sumarse junto a lxs estudiantes a luchar por los derechos de ambos contra la creciente violencia represiva que demostraba el gobierno de facto de Onganía. Este último acto le valió el antecedente de “subversivo” en el registro de la Policía.

En febrero de 1975, mientras cumplía su turno en la oficina del Departamento de Vialidad donde trabajaba, oficiales de la Policía y el Ejército se presentaron en su casa. Allí su esposa había quedado sola con su bebé de poco tiempo. Un oficial conocido como el “Negro” Zamorano y el Teniente Pelagatti estaban entre el grupo que realizó un allanamiento sin orden de un juez en la casa donde residían ambos hermanos, su madre, la esposa de Juan Eduardo y su hija. Para cuando terminaron el exhaustivo registro de toda la casa, el hermano menor ya había regresado. Los efectivos se retiraron dejando la orden de que el hermano mayor debía presentarse inmediatamente en “la base” para una revisión de antecedentes, haciendo referencia al Centro Clandestino de Detención (CCD) localizado en el ex Ingenio Lules.

Juan Eduardo, acompañado por su madre, su hermano y dos amigos, se apersonó esa misma tarde ante los oficiales y fue retenido sin dar más explicaciones. A los pocos días, su hermano Roberto fue también secuestrado de su casa durante un operativo que buscaba dar con Elías Liacoplo, tío de Juan y Roberto.

Ambos hermanos relatan su estadía en el Ingenio Lules y posteriormente en la Escuelita de Famaillá. Las constantes torturas, los interrogatorios sobre la muerte del General Viola, la pérdida de la noción del tiempo, la falta de higiene, la mala alimentación, la humillación y la denigración constante. En palabras de Juan Eduardo, “lo que más me dolía no eran las torturas, que ya me provocaban un enorme malestar, sino la cobardía y el ensañamiento con que éramos tratados. Perdimos noción del tiempo, del espacio. Es el dolor moral lo que realmente me duele. Mi hermano estuvo al lado mío durante tres meses y nunca lo supe hasta que una noche me dijeron que era él el que estaba sentado junto a mí”.

El testigo cuenta cómo fue obligado a firmar un papel donde se asentaba que había recibido atención médica y espiritual, y aprovecha para volver atrás en su relato y comentar que en un momento fue visitado por un supuesto cura, quien lo exhortaba a confesarse. Aunque Jorge afirmó: “Ya ni siquiera podía sentirme seguro con un cura. Yo pensaba que quizás podría haber sido una más de sus artimañas”.

Es necesario en este punto dejar de lado por un momento la audiencia del 30 de junio y retroceder un par de semanas, al primer testigo presentado por la fiscalía más precisamente. Ariel Lede Mendoza, escritor del libro “Profeta genocidio”, prestó declaración como testigo de contexto el 27 de mayo. En aquel momento, Lede explicó la enorme incidencia que tuvo la Iglesia durante el Operativo Independencia. Basándose en el diario del Obispo Bonamín, el autor habló del funcionamiento del Vicariato Castrense, el cual se responsabilizaba del acompañamiento espiritual de las tropas de las fuerzas armadas. El diario de Bonamín muestra a la Iglesia Católica como un actor activo en la fundamentación teológica del Operativo Independencia llamándolo “Guerra Santa” y con gran incidencia sobre los altos mandos del Ejército. Bonamín deja asentado en sus diarios gran parte de sus tareas, entre ellas, enviar capellanes constantemente a distintos destacamentos del Ejército para acompañar a los soldados. Quienes tenían conflictos morales respecto a las horrorosas torturas que practicaban diariamente. Se muestra así una retorcida justificación de la tortura y la conexión directa de la Iglesia con la acción psicológica sobre la población que se estaba llevando a cabo.

Ahora sí, podemos regresar al relato de los hermanos Liacoplo, justo cuando Juan Eduardo está terminando de contar su paso por el CCD ubicado en la Escuela Diego de Rojas. Al finalizar pide permiso al jurado para hablar antes de responder preguntas: “Yo solamente quiero decir que nunca denuncie nada de esto porque la verdad no creo que haya justicia. Quiero decir que han pasado muchos años y yo he visto cómo toda esta gente siguió con su vida en libertad durante todos estos años ¿Y nosotros? Después de que nos soltaron, la gente del barrio nos dio la espalda, nadie quería hablar con nosotros por miedo a que les pasara lo mismo. Mi hermano se fue a vivir a Aguilares porque no soportaba estar en Lules. Para mi no hay justicia que valga”.

Al responder las preguntas de la fiscalía y de las querellas el señor Liacoplo rompe el protocolo penal y gira, viendo las caras a medida que lo interpelan. El doctor Bertini, defensor público, al realizar sus preguntas, le pide que se atenga al protocolo y mire al jurado. Lo mismo hace su compañera del Ministerio Público de la Defensa. Él continúa girando la silla y viendo las caras. La defensa privada, Nadia Orce, también realiza una pregunta y pide al testigo que respete el protocolo. Eduardo Liacoplo contesta afirmativamente y continúa mirando a la abogada a la  cara, y a los imputados detrás de ella, a los ojos. Por último el abogado Facundo Maggio, también defensor privado, le reitera que por favor respete el protocolo y recibe una vaga afirmación, pero el testigo continúa observándolo. Le pregunta al testigo si alguna vez realizó alguna denuncia. El señor Liacoplo recuerda una denuncia radicada en una fiscalía hacía varios años. Luego le pregunta si recibió algún tipo de indemnización económica por lo que sufrió. El señor Liacoplo lo mira extrañado, la pregunta le genera confusión. La pregunta debió ser aclarada por el presidente del jurado. Finalmente contesta: “¿Indemnización? ¿Plata dice? No, sí de qué me sirve la plata a mí. Tantos años pasaron, de qué me sirve la plata a mí” Para él, no hay justicia que valga.

Dos semanas después, se analizará el caso famoso en cual un grupo vestido de civiles armados irrumpió en pleno festejo matrimonial, acompañado de efectivo militares. Entraron al patio de la casa preguntando por los hermanos Aranda, pero el operativo finalizó con el secuestro de catorce personas. Siete hombres y siete mujeres. Entre ellos se encontraba Roberto Eduardo Giambastiani, “Giamba” para lxs amigxs, quien fue llamado a prestar testimonio. Su relato se entreteje con el de las otras víctimas. Cuenta como fue puesto en un camión y llevado a la Escuela Diego de Rojas. Cómo sufrió incontables sesiones de torturas, cómo fue picaneado en todo el cuerpo, cómo sus captores bromeaban con violarlo con el caño de un arma, y cómo él respondió “lo único que se te para es el caño del arma”. Este acto de valentía le valió una gran golpiza.

Vale la pena hacer foco en la parte de su historia en la cual relata la corta conversación que mantuvo con un cura. El cual tuvo la feliz voluntad de asistirlo espiritualmente. Giamba, maniatado, con partes de su barba arrancada a fuerza de pinza, vendado y sangrando, escuchó el consuelo del capellán, quien le dijo “Mirá el estado en el que estás hijo. En nombre de tu bautismo, yo te diría que hables. Ningún ser humano merece esto”. Roberto hace un alto y explica: “Yo no sé la verdad, si habrá sido un cura o un actor realmente muy bueno. Miren que tengo familia que se dedicó a la vida eclesiástica y realmente me impresionó mucho. La voz, la entonación, las palabras eran las de alguien formado en la Iglesia”.

Fiel a su historia, se atreve a un último acto de valentía, y se refiere a los imputados como “ratas inmundas”. Aunque esta vez, nadie lo golpea. Nadie lo tortura, ni le apaga cigarrillos en el cuerpo.

Otra testigo estuvo presente el mismo día. El de la audiencia y el del casamiento. En el año 1975 tenía trece años, y su hermano se encontraba secuestrado desde hacía varios días. Cuando un militar de los que llevaba adelante el operativo escuchó su apellido la separó del grupo. La llevaron a un cuartel, aunque no sabe bien dónde. Fue golpeada brutalmente mientras le preguntaban a los gritos por su hermano. “Me pusieron un arma en la cabeza y la gatillaban... tantas veces la gatillaron. Y me preguntaban ¿Te querés morir? Me sacaron la ropa y me violaron. Uno tras otro. Fue la noche más larga y cruel de mi vida. Me golpearon tanto...tanto, que ya no sabía qué hacer. Después entró un militar y les ordenó que me dejasen. Me dijo que me levante, pero yo no podía. Me pararon y yo tenía que sostenerme el pantalón con las manos porque estaba rasgado. Me subieron a un auto y me llevaron a la comisaría del pueblo. Mi madre estaba ahí. El militar le dijo que si no quería que nos maten a todos lo mejor iba a ser que se olvide de todo, y que yo también debería olvidarme de todo. Nos fuimos a casa. Yo no entendía por qué mi mamá no me llevaba a que me vea un médico. Ella tenía mucho miedo, no quería que los vecinos se enterasen. Me decía que lo mejor era olvidarse, pero yo no podía. Una noche fueron a buscar a unas personas que vivían en mi cuadra y entraron a mi casa volteando la puerta. La agarraron a mi mamá y la patearon en el piso. Rompieron todo, hasta la heladera. Después de tanto dolor y sufrimiento, se me reventaba el cuerpo por no poder decir la verdad. Esta es mi verdad, señor juez. Y le pido a Dios que se haga justicia, si es que hay alguna, porque mi vida está destruida. Que se haga la justicia de Dios. No tengo más que decirles.” El juez no la mira a los ojos. Trece años tenía la testigo.

El martes 22 de agosto Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, defendía ante los estudiantes de una escuela de Concepción los actos de su padre y las fuerzas del Ejército en el marco de una supuesta “guerra contra la subversión”. Trece años tenía la testigo.

El jueves 25 Ethecolatz amanecerá en su casa, desayunará y verá el fallo de la Megacausa La Perla en Córdoba por televisión. Jorge Julio López continuará desaparecido.


El viernes, la lucha continúa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario