lunes, 10 de diciembre de 2012

La verdad empieza a ser pública

  • por Gabriela Cruz del Colectivo La Palta para el Diario del Juicio



El 24 de marzo de 1976 se perpetró en Argentina el golpe de estado más sangriento de la historia del país. Un golpe que respondió a un plan de implementación de un sistema económico y social que tenía una fuerte resistencia de diferentes sectores de la población, un golpe que implicó estrategias basadas en el avasallamiento de todas las instituciones democráticas y de todos los derechos de quienes habitaban este suelo.

La historia se fue escribiendo con dolor, pérdidas y sangre, pero también con búsqueda, lucha y convicciones que no claudicaron ante nada ni nadie. Pasaron gobiernos democráticos que por temor o conveniencia decidieron ser cómplices de semejante atrocidad, pero ya el camino estaba empezado a andar. Los pedidos de justicia hechos a los gritos por madres, familiares y luego por hijos de las víctimas de lo que fue el terrorismo de Estado, encontraron eco en un mundo que se decidió a pronunciar la palabra genocidio, que optó por determinar qué eran los delitos de Lesa Humanidad y que afirmó que esos delitos no prescriben.
Así, con una democracia cada vez más afianzada y con el apoyo de la voluntad política llegó el momento de que la justicia obrase juzgando a quienes fueron responsables y partícipes de los crímenes cometidos en el marco del golpe militar.

En la provincia de Tucumán las causas que se vienen juzgando y condenando son varias, pero la que se juzga en estos momentos, conocida como “Megacausa Arsenales II JefaturaII, es una de las de mayor envergadura, y no solamente porque es el más grande del Norte Argentino sino porque además, hace evidente un plan sistemático de exterminio de un grupo de personas y, porque da cuenta de la red de complicidades civiles y eclesiales que tuvieron una activa participación. Un plan que consistió en la detención ilegal de esas personas, en torturas y, en muchos casos, el asesinato de las mismas. Incluyó también violaciones, secuestros de niños recién nacidos y apropiación de esas nuevas vidas.

El juicio de la Megacausa Jefatura II-Arsenales II

El juicio empezó el día lunes 12 de noviembre con la lectura de las acusaciones a los 44 imputados, al término de esa primera semana, la defensa planteó los pedidos de nulidad y exclusiones varias que quedaron pendientes a resolver por el tribunal durante el cuarto intermedio. Durante esa misma semana se conoció que tanto Ernesto Arturo Alais, Hugo Rolando Albornoz y Luciano Benjamín Menendez quedaron separados de la causa y no serían juzgados en esta oportunidad.
La audiencia se reanudó el jueves 22 con la lectura de las resoluciones del tribunal presidido por Carlos Jiménez Montilla. Esas resoluciones implicaron: no hacer lugar a las nulidades planteadas pero sí tener en cuenta ciertas exclusiones, por lo que se volvieron a dar lectura de las acusaciones, dejando claro cuales son los delitos que se juzgan en este largo proceso.
La semana terminó con el inicio de la rueda de declaraciones de los acusados, cada uno de ellos tuvo la oportunidad para hablar sobre los delitos que cometieron, pero todos  decidieron no decir una palabra al respecto. Siguiendo las reglas del debido proceso se leyó lo que declararon en el periodo de las indagatorias.
Los primeros en declarar insistieron en no entender las razones por las que se encuentran sentados frente al tribunal, ninguno recuerda haber participado ni tener conocimiento de secuestro alguno y mucho menos aún, de las torturas que más adelante serán confirmadas por los testigos víctimas. Todos negaron una y otra vez el conocimiento del Servicio de Información Confidencial (SIC), afirmaron que es una sigla que escucharon por primera vez en el marco de las investigaciones por estas causas hoy juzgadas. Todos, excepto uno.

Se empieza a abrir una grieta

Ya en la tercera semana del juicio esta etapa de declaraciones iba llegando a su fin. El jueves 29 hablaron los imputados que faltaban, entre los que se encontraba Roberto Albornoz, conocido popularmente como “el tuerto” que paradójicamente afirmó no tener ningún apodo. Pero más allá de este dato anecdótico, si se quiere, fue la presencia de Luis Armando De Cándido la que marcó una primera grieta en lo que busca presentarse como una defensa sólida.
De Cándido habló, como muchos otros, de sus condiciones de salud. Una situación propia de la edad que tiene y que no dista mucho de la de cientos de familiares de las víctimas y de sobrevivientes de la última dictadura militar. Denunció frente a toda la audiencia  que recibió malos tratos y que se encuentra en pésimas condiciones desde que está detenido, denuncia que, cabe mencionar, no fue acompañada por ningún otro acusado en esta causa. De todos modos, las condiciones carcelarias son un tema aparte que deben ser atendidas para todos los que allí se encuentran detenidos.
Luego de afirmar que se encuentra vivo gracias a la atención de médicos y enfermeros, en claro reproche al personal penitenciario, se refirió puntualmente a su acusación como torturador. En ese momento parecía que todo iba a ser más de lo mismo que se vino escuchando, sin embargo, su afirmación empezó a resquebrajar el bloque que asegura no conocer, no saber sobre la existencia de torturas. Dijo, palabras más, palabras menos, que él, particularmente no había torturado a nadie, pero que sí sabía de otros que eran, efectivamente, torturadores.
Si bien se dice que el hilo se corta por lo más fino, lo importante en este caso es que se corta. Que ya en estas instancias alguien admita que en la Jefatura Central de Policía funcionó un centro de detención clandestino y que allí se efectuaban torturas  no es un dato menor.

La verdad empieza a ser pública

El viernes 30 de noviembre, después de terminada la ronda de declaraciones empezó la rueda de testigos. La primera en sentarse frente al tribunal fue la abogada querellante Laura Figueroa. En su condición de testigo del secuestro de Celia Medina, Laura contó lo más detalladamente posible lo que recuerda de aquella noche en que vivió en directo el horror de una familia.
Terminada su exposición empezaron las preguntas, primero fue la fiscalía quien buscó aclarar detalles que pudieron haber quedado confusos, luego fue la defensa quien tomó la palabra. El interrogatorio de la parte defensora buscó cuestionar, emitiendo solapadamente juicios de valor, el accionar de los padres de la testigo, que si la dejaron salir sola a esas horas, que cuantos hermanos la acompañaron, como si con sus 26 años Figueroa hubiese estado cometiendo algún delito. Ya entonces fue evidente la estrategia de la defensa en lo que respecta al trato de los testigos.

Más tarde fue el turno de Daniel Villagra, testigo por el caso Chebaia y luego se presentó a hacer su declaración testimonial Fernando José Sosa Padilla. En ambos casos, el momento de hacer las preguntas por parte de la defensa significó en realidad una oportunidad para que los letrados hagan declaraciones sobre lo que para ellos se vivió en los años 70’ y para poner en tela de juicio la militancia política de los testigos, criminalizando de este modo a las víctimas y corriendo el foco de lo que en realidad se está juzgando.

Estas dos últimas declaraciones tuvieron algunos incidentes provocados por los defendidos y sus defensores. Primero fue “el tuerto” Albornoz el que se levantó de su silla y a los gritos le decía mentiroso a Villagra que había afirmado reconocerlo al momento del secuestro de José Chebaia. Luego fue el mismo abogado defensor y hermano de Juan Carlos Benedicto el que acusó de falso testimonio al último testigo que se había presentado. Sus gritos y maltratos hacia Sosa Padilla dejaron más que claro que se busca amedrentar las futuras declaraciones, sembrar el temor en los próximos testigos y evitar que la verdad y la justicia sean las verdaderas dueñas de este juicio. No obstante estos artilugios, el tribunal resolvió no hacer lugar a la denuncia y pedido de detención por parte de Benedicto y exhortó, nuevamente, a respetar el trato que deben recibir los testigos, principalmente aquellos que comparecen además, como víctimas.

Muchos de estos acusados son ya declarados genocidas por otros tribunales y en otras causas, pero este juicio, con una particular impronta y una gran importancia por fin ha comenzado. De un lado se despliegan la convicción de que tantos años de lucha por la justicia tienen, hoy, más sentido que nunca. Del otro solo resta apelar a la mentira y al ocultamiento, a una defensa que no se basa en defender, precisamente, sino en maltratar, acusar y denigrar a los demás. Algo sobre lo que los acusados saben mucho más de lo que admiten.

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