Pasaron cerca de 50 años desde aquel noviembre de 1976 para que Marcos Eduardo Ramos se presentara en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Esta vez no para reclamar su nombre, su historia, su identidad. Aquello lo había ganado en el 2018 cuando Marcos fue restituido como el nieto número 128. El miércoles 19 de agosto, Marcos y su hermano Elias Ismael Suleiman sintieron que una justicia -aunque tardía-, finalmente les había llegado. De esta manera, se cierra un capítulo judicial de esta historia, con Carlos Vega, el ex jefe de Inteligencia del Destacamento 142 de Tucumán, como único acusado.
FOTO: ANGÉLICA ZELAYA PARA LA PALTA |
Pasadas las once de la mañana, el tribunal integrado por Federico Bothamley, Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano dió a conocer su veredicto: 12 años de prisión de cumplimiento domiciliario para Vega, bajo control de dispositivo de monitoreo electrónico.
Mientras se esperaba la sentencia, las fotografías de las víctimas del terrorismo de Estado fueron protagonistas. Esas imágenes fueron pasando de asiento en asiento, de mano en mano, mientras la sala comenzaba a llenarse.
En la sala de audiencias se congregaron medios locales tradicionales como alternativos; estudiantes de diferentes carreras y universidades nacionales e internacionales, académicos, integrantes del Equipo Interinstitucional de Acompañamiento a testigos víctimas del terrorismo de Estado, militantes y representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos. Entre ellos estuvo presente Manuel Gonçalves Granada, nieto recuperado e integrante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
También estuvieron familiares y amigos de Marcos y de Elías, sosteniendo en lo alto las fotos de sus padres Rosario Ramos y Pastor Campos quienes volvieron a decir presente.
Como una muestra de que los juicios de lesa humanidad no son solo juicio y castigo sino Memoria, Verdad, Justicia, el tribunal recomendó al Poder Ejecutivo Nacional asegurar la continuidad de las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la identidad y la búsqueda de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado, así como garantizar el normal funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.
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