Por Mariela Ramos y Andrea Romero
Comprender el Operativo Independencia y la posterior
Dictadura cívico – militar implica reconocer el sistema represivo utilizado y
para ello es necesario inscribirlo en una compleja trama histórica que lo
explica y lo hace comprensible. Insertarlo en un proceso de represión estatal
nos permite además interpretar su narrativa, entendiendo que toda narración es
una articulación de acciones que remiten a un significado y en este sentido el lenguaje
sirve para transformar estados del mundo y modificar al mismo tiempo a quien lo
produce y a quien lo comprende.
Analizar las características de la violencia estatal
que surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país es poner
el foco en la convocatoria de las Fuerzas Armadas como guardianes del orden
interno, es decir la militarización como medio de resolución de conflictos y
una nueva concepción de la seguridad interna entendida como defensa nacional.
La participación de las Fuerzas Armadas se produjo en un momento en que esta institución
estaba atravesando transformaciones profundas en sus hipótesis de conflictos, pasando
de la concepción de un enemigo externo a la construcción de un enemigo interno.
Los cambios del paradigma efectuado junto al
desarrollo paralelo de la doctrina militar fueron apropiándose de estas nuevas
formas de entender el conflicto social. En este sentido se articulan una serie
de elementos: el uso de institutos de emergencia y la progresiva instalación de
estados de excepción que permiten describir situaciones en las cuales lo
excepcional se convierte en normalidad.
Pueblos
del sudoeste tucumano
En febrero de 1975 a través de un decreto el gobierno
nacional autorizó la intervención militar, primero en la provincia de Tucumán
dando inicio al Operativo Independencia y luego en todo el territorio nacional,
subordinando a las policías y las acciones ministeriales a las necesidades del
Ejército en tres planos complementarios: acción represiva, acción cívica, y
acción psicológica.
La represión desplegada en el Operativo Independencia
y llevada a cabo a través de prácticas ilegales instauraron un escenario de
violaciones a los derechos humanos que luego se aplicaron en el resto del país;
prácticas que fueron impuestas en la provincia de Tucumán a dirigentes
partidarios y sindicales, trabajadores azucareros, peones rurales, docentes,
estudiantes, abogados, periodistas y a un número importante de víctimas a los que
se perseguía en virtud de sus ideas y compromisos políticos.
La acción cívica, uno de los tres planos dispuestas
por el gobierno de María Estela Martínez de Perón a través del decreto 261/75
instruyó a las fuerzas armadas, estableciendo en su artículo 5: “el
Ministerio de Bienestar Social desarrollará en coordinación con el ministerio
de defensa -comando general del ejército- las operaciones de acción cívica que
son necesarias sobre la población afectada por las acciones de los militares”.
Esta disposición sienta el precedente de lo que vendrá
después. La construcción de los cuatro pueblos fundados en la zona de
operaciones donde se desarrolló el Operativo Independencia, tuvo como fin (fue)
la reubicación de centenares de pobladores - mayoritariamente peones rurales
junto a sus familias- que hasta ese momento vivían dispersos en las fincas
azucareras de las zonas al pie de las sierras del Aconquija.
Los pueblos, fueron bautizados con el nombre de
militares caídos: Teniente Berdina, Capitán Cáceres, Sargento Moya, Soldado
Maldonado. La historia de estos pueblos, su proceso de construcción y el
reasentamiento habitacional estuvieron atravesados por amenazas constantes de
violencia física.
En los sectores rurales y en los trabajadores de la
población tucumana recayó la mirada de la represión estatal y de las clases
propietarias provinciales. Ese pueblo movilizado ponía en riesgo el orden y es
allí donde se desplegó una vigilancia poblacional que implicó un control moral,
religioso, familiar, identitario y civilizatorio con el fin de producir pobladores
disciplinados, permitiendo asegurar su docilidad laboral, objetivo funcional a los
intereses de las clases que dominaban la producción azucarera.
Escenarios como el de los cuatro pueblos, inaugurados
durante la última dictadura cívico-militar y cuyo origen tiene vinculación
directa con lo dispuesto en el decreto que dio inicio al Operativo
Independencia, siguen existiendo con los mismos nombres, respetando en líneas
generales sus diseños originarios. Este escenario permite comprender no solo la
violencia estatal sino también los relatos que formaron parte de una narrativa
en clave bélica. Relatos que construyeron realidades; una realidad que se
encuentra en nombres, objetos, palabras, gestos, imágenes, sonidos y forman
parte de esa articulación de acciones que remiten a un significado.
Significados legitimados en la puesta en marcha de las acciones cívicas, como
fue la construcción de los pueblos en el sudoeste tucumano.
Los juicios por crímenes de Lesa Humanidad iniciados
en todo el país, lograron que muchos genocidas estén siendo juzgados y
condenados, pero además estos juicios se convirtieron en una ventana para
visibilizar los terribles crímenes cometidos en nombre de un Estado que
sumergió en el terror a sus ciudadanos. Actualmente en Tucumán se lleva a cabo
el 14° juicio: Operativo Independencia I, 2° parte; un Juicio que brinda la posibilidad
como sociedad de deconstruir los relatos instalados para perpetuar la impunidad.
Reescribir nuestra historia es empezar a liberar los significados del pasado y romper
con aquellos relatos que imprimieron con terror y violencia los responsables
del proceso de la violencia estatal que se inició con el Operativo
Independencia en nuestra provincia.
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