Por Andrea M. Acosta // Si nos remontamos a 1975 y hablamos de complicidad empresarial en el terrorismo de Estado, nos remitimos al caso del Ingenio La Fronterita. La causa que investiga la participación de empresarios en crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Tucumán espera la inmediata sustanciación del Juicio.
FOTOGRAFÍA FLORENCIA ROJAS |
A 5 kilómetros del centro de Famaillá, entre cañaverales y las chimeneas de un viejo ingenio azucarero aún en funcionamiento, se encuentra una de las heridas más profundas de Tucumán: el predio del ingenio La Fronterita; allí funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. En ese predio se encerraba, torturaba y desaparecía a trabajadores, familias, mujeres y niños, de acuerdo a muchos testimonios de testigos sobrevivientes.
Hoy, esta causa donde se investiga la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, llega al Tribunal Oral Federal de Tucumán. Se trata de una audiencia preliminar de la causa que se conoce como Fronterita y que ha venido acumulando años de dilaciones procesales, imputados ancianos y familiares que reclaman con urgencia que la justicia fije fecha para el juicio oral.
El escenario: El ingenio La Fronterita
Transcurría febrero de 1975 cuando el ejército desplegó en Tucumán el Operativo Independencia. En ese entonces, las instalaciones del ingenio La Fronterita cuya propiedad era de la familia Minetti, fueron habilitadas como centro clandestino de detención (CCD). Allí fueron secuestrados y torturados sindicalistas, trabajadores, militantes que más tarde fueron trasladados a otros CCD. Muchos de ellos no volvieron.
Los imputados esperando a que su vejez los salve
La causa del Ingenio La Fronterita fue elevada a juicio en diciembre de 2021. Figuraban procesados varios integrantes del directorio y administración del ingenio como: Alberto Figueroa Minetti, quien fue administrador en aquella época, Eduardo Buroti, Fernando Cornú de Olmos y Alfredo José Martínez Minetti, entre otros.
Algunos fueron desvinculados por razones de salud o fallecimiento, como el caso de Cornú de Olmos por incapacidad y como el caso de Martínez Minetti por su muerte natural. Hoy, quedan dos imputados con vida y ambos de edad avanzada, “esto eleva el riesgo de que el proceso no avance por razones biológicas como ya sucedió en casos similares en la región” afirma la parte querellante de la causa
El reloj biológico contra el que corren las causas por delitos de lesa humanidad suma nota que resulta amarga: mientras los empresarios mueren sin ser juzgados, los efectos económicos y sociales de aquellas complicidades persisten en la provincia. Estas demoras no resultan inocentes, sino que responden a una estructura que protege la impunidad civil y empresarial.
Las defensas son quienes formalizaron recursos que demoraron inicialmente el calendario resuelto por la Cámara de Casación; pero aun con esos fallos, el Tribunal recientemente pudo habilitar el inicio del debate oral.
Para quienes seguimos la causa, la explicación técnica no alcanza. Hay una percepción extendida de que la estructura judicial es reacia a enfrentar procesos que involucran a grupos económicos con peso regional. Esta percepción se construye de precedentes, de vínculos sociales y de la certeza de que la misma lentitud hace diluir responsabilidades.
Quisiéramos no estar en lo cierto. Aspiramos a que la justicia responda sin dilaciones. Anhelamos seguir construyendo memoria, verdad y justicia junto a y desde la Justicia.
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