Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio
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| Ph Elena Nicolay |
Pablo Gargiulo es un abogado
cuarentón. Su cabeza comienza a sentir cada vez más los inviernos crudos,
debido a que una parte de su cabellera ha decidido jubilarse varios años antes
que él mismo. Gusta de fumar un cigarrillo en la puerta del Tribunal Oral
Federal cuando el juez dicta que la sesión debe pasar a cuarto intermedio. Los
días de frío usa una boina, francamente, horrible.
Pablo está en pareja. No puedo
afirmar si casado o no. En estos días modernos, los jóvenes inventan nombres
cada vez más originales para nombrar el compartir la vida con otra persona.
Pablo tiene una abuela, que
cree fuertemente que el estado más profundo de depresión al que puede llegar un
ser humano, puede ser curado con cantidades bestiales de comida casera. Él
concuerda con ella.
Pablo llamó a su abuela por su
nombre una sola vez en su vida. Cuando debió dirigirse a ella como testigo en
la causa por la desaparición de su hija. La madre de Pablo
Pablo descubrió, luego de
muchos años, que su nombre provenía del nombre de guerra de su propio padre, y
no de Pablo Neruda, como le habían hecho creer.
Pablo es parte de la querella
que atendiende los casos de Zurita, González, Agüero, Leiva, Gómez, Martín,
Gargiulo, Gómez de Gargiulo, Vicente, Achin y Jarolasky.
Pablo es hijo de
desaparecidxs.
El pasado viernes 4 de agosto
presentó ante el tribunal sus alegatos y los pedidos de condena que, según su
entendimiento, debían recaer sobre los imputados.
El camino de su razonamiento
tiene raíces en una sólida base histórica, la cual desarrolló al principio,
retrotrayéndose hasta el siglo XIX, a la Campaña del Desierto, como el primer
episodio en el cual el Ejército intervino para garantizar los privilegios de
los sectores económicamente dominantes. La caminata histórica a la que el querellante
nos invita continúa, hace alusión a los variados episodios en los cuales los
sectores privilegiados de la sociedad se valieron del apoyo de las Fuerzas
Armadas para sojuzgar a lxs trabajadorxs, para castigar y reeducar a las
fuerzas en constante rebelión contra el sistema que los explotaba (lo sigue haciendo
hasta el día de hoy). Su revisión de la historia argentina es causal. Tiene un
objetivo, y es el de establecer la relación pujante que han mantenido estos
bandos, el privilegiado y el explotado, y la asistencia que las fuerzas
represivas han prestado al primero durante todo este proceso.
El abogado no se limita al
Ejército. Agrega como responsables históricos de la represión a la Iglesia
católica y a las fuerzas imperialistas extranjeras. Ambos elementos
determinantes, tanto en su apoyo, como en su silencio y cooperación, que
aseguraron la eficiencia y el alcance de la dominación sobre la población que
las fuerzas armadas llegaron a ejercer.
Él no habla de una represión
amorfa, sin sentido, ni aleatoria. Él define un tipo de control violento
ejercido de manera organizada por personas altamente entrenadas en las tareas
de control sobre la población, apuntada a doblegar específicamente la
organización de lxs trabajadorxs, para poder transformar la naturaleza
combativa de este grupo en una liviana docilidad que asegure los beneficios del
empresariado. “Los sindicalistas
representan el 42% de los casos jugados en esta causa. Había un solo verdadero
objetivo cuando se implementó este plan sistemático de represión, y no era el
de combatir a una guerrilla subversiva. El objetivo era liquidar el movimiento
obrero y estudiantil de Tucumán”.
En su alegato, Pablo, define
la estrategia comunicativa que se empleó para ocultar la realidad de violencia
que implicó el Operativo Independencia, detrás una supuesta guerra contra la
guerrilla subversiva oculta en el monte del sur tucumano. Hace alusión al
término “teatro de operaciones”. Concepto empleado en los manuales militares y
que se refiere al espacio de combate, pero que es empleado por Santiago Garaño,
investigador del CONICET, para describir la construcción del terror como arma
de acción psicológica apuntada a toda la población. Se pretendía justificar el
asfixiante control social y la práctica de métodos de tortura sobre las
personas mediante el desarrollo de un discurso que intentaba hacer pasar esta
torcedura del orden legal y humano como una conducta razonable en el inminente
marco de una guerra. Se lograba esta disociación de la realidad creando un
enemigo. Uno difuso y maleable, que permitiera ajustarlo a las necesidades de
las fuerzas represivas. Un enemigo que se presentaba como una amenaza para la
sociedad, de la cual, el ejército debía proteger a la parte sana de la
ciudadanía.
Ya definido el enemigo,
encarnado en la figura de la subversión, este constructo era utilizado como
pantalla que buscaba justificar el secuestro y la tortura de las personas, con
la excusa de que se buscaba obtener información sobre el enemigo. La víctima
era expuesta ante lxs vecinxs como el enemigo, generando desconfianza, y
rompiendo lentamente, los lazos de solidaridad entre los miembros de una
comunidad.
El Ejército Argentino aprendió
a combatir la organización sindical estudiando las doctrinas francesa y
estadounidense, formándose en lo que era considerado un tipo especial de
combate. La “guerra contrainsurgente”. Estas doctrinas se pensaban
especialmente para desarmar las estructuras sociales obreras que se organizaban
con el objetivo de defender sus derechos. Esta ideología se inscribía en el
contexto de la Guerra Fría, en la cual la lucha entre dos bloques mantenía
dividido al mundo. Las doctrinas de esta guerra “no convencional” se centraban
en la persecución de personas que adscribieran al pensamiento socialista, anarquista
o cualquier expresión de se planteara en defensa de los derechos obreros, ya
que se veía en ellos la sombra de la Unión Soviética y el marxismo. La
contracara de bloque occidental capitalista.
Lo que el ejército planteaba,
en palabras de Pablo, era una “hipótesis de conflicto”, lo que daba pie al estado
de sitio en los el cual se intentó amparar legalmente al Operativo
Independencia y la posterior dictadura. Aquí, el abogado hace una aclaración
importante en su alegato. Afirma que, en primer lugar, es irrisorio plantear
como un conflicto bélico real entre dos fuerzas que no tiene punto de comparación
en cuanto a cantidad de personal, formación del mismo, armamento y equipamiento.
El peligro real que puede haber llegado a representar la guerrilla en
Argentina, no justifica la cantidad de recursos que se destinaron a esta
supuesta guerra. No justifica la subversión de los intereses del Estado a los
de las Fuerzas Armadas.
Esta alteración del orden
democrático y el uso constate de las acciones psicológicas contra la sociedad
corresponden a la imposición de un régimen autoritario, que estableció la
persecución de toda persona que se identificara con una ideología opuesta a la
moral occidental, cristiana y capitalista que se pretendía imponer. Esta lógica
dictaba el asesinato todo individuo crítico del orden económico impuesto por
los mayores beneficiarios de un sistema económico que genera, sui generis, desigualdad. En este
contexto de una contienda a nivel global, las fuerzas armadas ejercieron una
fuerte violencia sobre la clase obrera con el objetivo de mantener los
privilegios de la clase dominante e imponer una mentalidad individualista, cometiendo
atrocidades que hoy, podemos calificar como crímenes de lesa humanidad.
El secuestro, la apropiación
de niñxs, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Todos estos
crímenes inscriptos en una lógica sistemática de generación del terror y
dirigidos desde la maquinaria del Estado, son lo que permite identificarlos
como delitos de lesa humanidad, por lo cual no prescriben, y por lo cual, dice
Pablo, lo imputados deben ser condenados.
Concluye el alegato. Las penas
son requeridas en base al lugar que ocupaban dentro del esquema represivo y a
la responsabilidad que tenía dentro del mismo. Para Alberto Alfredo Svendsen,
se pidieron 12 años de prisión. Para Jorge Gerónimo Capitán, se pidió prisión
perpetua. Para Enrique José del Pino, se pidió prisión perpetua. Para Jorge
Omar Lazarte, si pidió prisión perpetua. Para Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz,
se pidió prisión perpetua. Para Luis Armando De Cándido, se pidió prisión perpetua.
Para Manuel Rubén Vila, se pidió prisión perpetua. Para Ricardo Oscar Sánchez,
se pidió prisión perpetua. Para Omar Edgardo Parada, se pidió prisión perpetua.
El querellante solicitó que la
pena sea cumplida en cárcel común, y de manera efectiva. Y que aquellos que por
razones de salud o de edad no puedan cumplir la condena en una unidad
penitenciara, sean sometidos a prisión domiciliaria, bajo el control del
programa de vigilancia electrónica.
Pablo ha terminado su alegato.
Ya no es más un abogado querellante. Su trabajo, para el cual podríamos decir
que lleva una vida entrenándose, ha concluido. Al menos por este día. Ya han
sido presentadas las razones técnicas, jurídicas y penales por las cuales
considera que los imputados deben ser encontrados culpables.
Pablo ya no es el querellante.
Es un militante que se encuentra frente a un jurado, encarnando una voz, un
discurso que puja desde las calles, intentando meterse en las cabezas. “Señores jueces. Este discurso negacionista
y legitimador con el que hemos tenido que convivir los familiares de las
víctimas no puede continuar. Las técnicas de acción psicológica que se
implementaron durante el Operativo Independencia perduran hasta el día de hoy”.
Pablo nos cuenta la historia de un mundo, con desigualdades con violencia
ejercida desde el Estado, de una policía impune, de genocidas que llegan a ser
gobernadores y de concejales que, hasta el día de hoy, pretenden que el
ejército intervenga para combatir la “inseguridad”. La nueva excusa, la nueva
batalla fraguada, la forma actual de la “hipótesis de conflicto”, que plantea de
nuevo un enemigo maleable y pretende justificar los excesos cometidos por la
policía.
Pablo es un nieto. Nos cuenta
como su abuelo se quedaba mirando a la nada en las noches de festejos de fin de
año, con los ojos vacíos, enfocando el recuerdo de su hija más chica, a la cual
nunca volvió a ver después del 5 de marzo de 1975, y de la cual no pudo
escuchar una risa más, antes de fallecer.
“Ser
un hijo de desaparecidos, es como tratar de armar un rompecabezas infinito, una
imagen a la que siempre le faltan piezas. Uno no puede llenar la ausencia uno
habita en ella. Y cuando uno habita en esa ausencia, aprende a hacer otras
cosas con ella. Como compartirla, entonces cambia. No se llena, pero cambia”.
La sala de audiencias es un
lugar sombrío o solemne, de acuerdo con la perspectiva desde la cual se la
mire. Una sala amplia, mal iluminada. La disposición de la sala genera que,
desde cualquier lugar, los jueces parezcan gigantes. Una distribución con un
claro mensaje. Lo que se impone es la justicia del Estado, encarnada en los
jueces, y un cristo irónicamente (?), anclado detrás de sus asientos, como
vigía fuera de lugar, en una especie de alusión a la justicia divina, al ojo vigía
de un dios, y a la cooperación entre Iglesia y Estado durante la implementación
del plan sistemático represivo.
Pablo, solo con su voz, hizo de la justicia,
poesía, en esa sala.https://www.facebook.com/colectivolapalta/videos/1744131275615639/
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