jueves, 3 de enero de 2013

Tucumán es azúcar... también en la Megacausa

  • por Tina Gardella para el Diario del Juicio
Fotografía de Daniel Ayala (caminoabrelatas.blogspot.com.ar)

¿Cuál era su trabajo?-le preguntaron al testigo y víctima. “Maestro azucarero en el Ingenio San Juan”-contestó. “Disculpe- añadió el presidente del tribunal- qué es ser maestro azucarero?”… En otro testimonio, se escucha el relato de cómo lo fueron a buscar en plena tarea, en el cañaveral, porque era maquinista del Ingenio Cruz Alta. Atestigua también quien fue administrador del Sanatorio Reyes Olea de FOTIA y dice, como si necesitara una vez más decirse a sí mismo, que “lo llevaron sólo porque era dirigente gremial”. Familias de peladores de caña, obreros del surco, como se encargó de nombrar y aclarar la humilde y aguerrida esposa de uno de los 3 hermanos desparecidos que trabajaban para el Ingenio Concepción, da cuenta de la participación gremial de su compañero en el Sindicato de este ingenio, a cuya conducción la desaparecieron.


La azucarera, no es precisamente una actividad de actores simples y homogéneos. Industriales y cañeros, obreros del surco y de la fábrica, cooperativas, organizaciones empresariales y gremiales,  conforman un conglomerado de intereses que da cuenta de la existencia de una verdadera “economía azucarera” que coloca al azúcar no solamente como centro de esa economía, sino como un universo cultural en el que es posible encontrar las huellas o matrices de imposiciones y resistencias que desde su origen, se re significan en forma permanente.
El Tucumán es azúcar  sintetizó buena parte de una política económica basada en la actividad azucarera. Pero cuando en 1966 la dictadura de Juan Carlos Onganía cierra 11 ingenios, el “Tucumán es azúcar” ve consumada la política nacional implantada desde l959, de neto corte liberal, promoviendo el mercado libre.
El cierre también transparentaba, dramáticamente para el pueblo tucumano,  la tensión entre capital y provincia, entre un centro agroexportador y una provincia agroindustrial.
Lo cierto es que el decreto 16.926 del 21 de agosto de 1.966 del gobierno de Onganía, disponía “la intervención, cierre y desmantelamiento inmediato de siete fábricas azucareras de Tucumán”. El plan terminaría con el cierre de 11 de los 27 ingenios tucumanos y dejaba a 50 mil obreros y empleados sin trabajo y la exclusión de cerca de 11 mil pequeños cañeros. El cierre forzado produjo una caída del producto bruto provincial del 35%. Para los 250 mil tucumanos, casi un 30% de la población de entonces, que tuvieron que emigrar de la provincia, Tucumán… seguiría siendo azúcar?

El Fondo Patriótico Azucarero
Pero no sería ese el último cimbronazo de la actividad. Los ingenios de Tucumán, que habían aplaudido “el orden y limpieza” sindical y gremial que instauró Bussi, fueron obligados a aportar al Fondo Patriótico Azucarero lo que más allá del aporte en sí, constituía una de las tantas formas que tenía el gobierno dictatorial de ejercer el control social, más allá del político-militar. El Fondo Patriótico Azucarero fue creado en Tucumán por decreto de junio de 1976. Con aportes mínimos de 120.000 y máximos de 1.00.000, totalizaron 4.640.000- todas las cifras son en dólares- según consta en el informe de Tesorería General de la Provincia de 1977 y que lleva la firma de su entonces titular Cdor. Eduardo Jairala. (Investigación del periodista Hernán López Echague).
En un campo que el Ingenio Cruz Alta arrendaba en La Ramada, Aníbal estaba encargado de las máquinas que allí estaban trabajando. El primero de junio de 1977 fueron a buscarlo a su casa diciendo que eran del Correo, que necesitaban entregarle algo. Como no estaba, encerraron a su esposa y tres hijos en el baño y los amenazaron de muerte. Luego se dirigieron al campo y lo llevaron. Pasó 20 días como “el número 6!”, con las manos y pies atados y los ojos vendados, lo torturaban preguntándole si era dirigente gremial. “A mi familia le destrozaron la vida, los chicos se enfermaron y a mí, peor que a un animal me pegaron”, relató Su casa había sido destruida. El administrador del ingenio Cruz Alta la hizo reconstruir y volvió a su trabajo.

Con el título "Los 4.640.000 que robó el general", el periodista Hernán López Echagüe  en “El enigma del General Bussi: de la Operación Independencia a la Operación Retorno-1.991, relata cómo el 11 de junio de 1976, poco menos de tres meses después de que Bussi asumiera como gobernador durante la última dictadura militar, industriales habrían visitado al mandatario para ofrecerle "una contribución patriótica al margen de las obligaciones tributarias". Luego,  Bussi creó por decreto el Fondo Patriótico Azucarero, integrado por las empresas de CONASA (Compañía Nacional Azucarera S.A.) que eran Bella Vista, San Juan, Santa Rosa, La Trinidad, Florida y Esperanza y  las compañías azucareras San Pablo, del Norte y Cruz Alta, la Sociedad Anónima Marapa L.C.I.P.A.C y los ingenios Concepción, La Fronterita, La Corona, La Providencia, Ñuñorco, Santa Bárbara y Aguilares. Convalidado luego por la ley 4.536, el decreto establecía que los fondos serían de 1.500 pesos de esa época por cada trabajador y de 100 pesos por tonelada de caña molida.
En la madrugada del 7 de julio de 1977 la familia de María del Valle fue violentamente golpeada mientras llevaban a su compañero, dirigente gremial del Ingenio Concepción para quien trabajaban pelando caña toda la familia. Su relato y las secuelas de haber sido tratada a patadas aun estando embarazada conmueven la escena jurídica que se impregna de formas expresivas rurales que desde su identidad, dan cuenta del terror que tuvieron que pasar. “De una patada en la boca para que me callara porque estaban golpeando a mis pequeñas hijas, perdí los dientes. Nunca me los quise arreglar porque era el testimonio para el día del juicio”. Su compañero y sus dos cuñados están desaparecidos. Su humilde casa fue destrozada. Cuando se acercó a la administración del ingenio Concepción para pedir ayuda, fue echada con la frase cargada de ironía “¿Cómo, también él desapareció?”
El azúcar en la construcción de Memoria, Verdad, Justicia
El conjunto agro industrial azucarero ha representado durante más de un siglo el paradigma de la actividad económica de Tucumán y se llegó a acuñar la expresión “Tucumán es azúcar” como identificador colectivo de pertenencia. ¡Pero cuánto falta investigar, discutir, profundizar acerca de los costos y los objetivos por los que se instauró! ¡Qué necesario es avanzar en las complicidades civiles encarnadas desde los sectores económicos de poder que tuvo el genocidio en Tucumán!
La democracia, como opción de sociedad que expresa una forma de ver, interpretar y ordenar el mundo en función del respeto y la vigencia de los derechos humanos, supone que el orden social es construido por los ciudadanos. Al ser creadores de ese orden, pueden a su vez modificarlo. La democracia es precisamente la que permite que las problemáticas sean transformadas en base al debate y a la deliberación pública entre todos los ciudadanos. Entre esas problemáticas, las relacionadas con las políticas económicas no solo son una las más significativas, sino a la vez, las de mayor complejidad. No es casual el reduccionismo, la simplificación o el maniqueísmo de algunos abordajes que se instalan en el espacio público como verdades incuestionables o naturalizaciones inherentes a la problemática.
Comenzar a entrecruzar estas problemáticas con el campo de los derechos humanos es el desafío para que no haya frases como “Tucumán es azúcar” sin el peso histórico, político, económico, social y cultural que forme parte del sentido más preciado de una provincia como Tucumán, en su construcción de Memoria, Verdad, Justicia.

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