Por Valeria Totongi
Una lógica que explique el horror, algo que
demuestre que no se trató de la locura de unos monstruos cebados con sangre es
lo que parece buscar cada testigo frente a los jueces en la sala del Tribunal
Oral Federal en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Por eso tienen
tanto peso en el desarrollo de estos procesos los testimonios de personas
expertas, investigadores que han dedicado años de trabajo a desentrañar y
analizar los mecanismos con los que funcionó el terrorismo de Estado, los
métodos que aplicó y las razones detrás de estas decisiones.
El testimonio de Ana Jemio, doctora en
Ciencias Sociales que estudió para su tesis las mecánicas del Operativo
Independencia, apuntó en ese sentido, el primer día de la reapertura de las
audiencias en la Megacausa en la que se juzga a 25 imputados por crímenes
contra 336 víctimas de secuestros, torturas y asesinatos, entre otros delitos
en el marco del terrorismo de Estado en Tucumán, desde febrero de 1975.
“Intentaron destruir procesos organizativos,
más allá de los individuos”, afirmó la investigadora ante el tribunal integrado
por Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y José Quiroga Uriburu.
Las prácticas genocidas que se implementaron
desde el Estado tuvieron el objetivo declarado de perseguir a la guerrilla
instalada en el monte o a los militantes sociales y políticos, pero también
buscaron aterrorizar a la población para disciplinarla y así destruir procesos
de organización social y sindical.
“Durante muchos años, el Operativo
Independencia fue declarado como un operativo que venía a combatir a la
guerrilla en el monte tucumano. Ese discurso tiene pregnancia aún hoy -señaló
Jemio-. Y no es mentira, efectivamente hicieron eso, pero no persiguieron
exclusivamente a guerrilleros o a sus colaboradores, sino que tuvieron el
objetivo de atacar territorialidades sociales. Para ello construyeron la figura
del ‘subversivo’, que aplicaron en un sentido amplio”, dijo.
Por eso, el genocidio en Tucumán no puede
entenderse “sólo” en términos de exterminio, sino en relación con las
liberaciones de los secuestrados, que volvían a sus comunidades y
mostraban lo que les había sucedido, para propagar el terror, explicó la
experta en un pasaje de su testimonio. Durante más de dos horas, desplegó mapas
e infografías, gráficos con estadísticas, datos y comparaciones para
fundamentar su análisis sobre la mecánica de la represión en Tucumán, resultado
de 15 años de investigaciones para su tesis doctoral.
La acción militar se distribuyó en una “zona
de operaciones” y una “zona de retaguardia” que coinciden con la ubicación de
fábricas y con las regiones más densamente pobladas, sobre todo con población
obrera. La distribución territorial es un factor fundamental para comprender
los hechos, porque cada militante tenía un entorno laboral, vecinal, familiar,
de clase. “Esas zonas fabriles y de viviendas obreras, en el este, el norte y sur
de la provincia, tienen una historicidad que se relaciona con la organización
sindical y las luchas por las fuentes de trabajo y el salario” en los años
previos.
Durante su investigación, contó Jemio, pudo
establecer que un tercio de las víctimas del terrorismo de Estado en Tucumán
sufrió secuestros y asesinatos antes del golpe de marzo de 1976. Al menos 60
espacios de detención clandestina funcionaron entre fines de 1974 y marzo de
1976 en la provincia. La instalación de estos centros de secuestro y tortura
cerca de zonas pobladas, donde todos sabían lo que pasaba, tuvo el efecto de
instalar -además del terror- el desaliento y la impotencia: “Se lograba así una
capilaridad del terror, que estaba presente en todo momento, no como algo
imaginado, y en todo momento de la vida”.
El terror era una vía, pero también había
otras, como la del control poblacional y las de acción cívica y psicológica),
que están consignadas en los propios reglamentos del Ejército. En algunas
comunidades, la represión alcanzó a una gran proporción de la población. En
Santa Lucía, por ejemplo, llegó a haber una víctima por cada 26 habitantes,
mientras que en Famaillá, otro territorio donde se desplegó el Operativo
Independencia, hubo una víctima cada de 100 personas, señaló.
El debate que se reanudó el jueves 13, luego
de la feria judicial, incluye los procesos referidos a los centros clandestinos
de detención “Arsenal” y “Reformatorio”, e incorpora a dos víctimas: el senador
provincial Dardo Molina y el sastre Osvaldo Muñoz, y juzga la responsabilidad
de dos nuevos imputados por hechos que fueron objeto de debate previo.
En la primera jornada de 2020 declaró, por
videoconferencia, desde Mar del Plata, Carlos Alberto Albornoz, que en el año
74 integraba la comisión interna en la fábrica textil Grafanor, en Famaillá y
que vivía en Santa Lucía cuando comenzó el Operativo Independencia. Albornoz
confirmó que la base militar en el ingenio Santa Lucía era usada como centro
clandestino de detención. Ramón Bernardo Córdoba, también de Santa Lucía,
identificó “al coronel (Camilo) Colotti” como uno de los responsables de “la
base” y dijo que, en la zona, actuaba personal militar de Tartagal. Roberto
Liacoplo, que ya declaró en junio de 2016, en el juicio “Operativo
Independencia”, amplió su declaración sobre los asentamientos militares en
Lules: “Había una base militar en la zona conocida como La Bomba, otra en El
Tuyango y una tercera en el casco del ex ingenio Lules. Estaban a cargo de
(Julio Cayetano) Pelagatti”, dice Liacoplo. Dijo, además, que había operativos
conjuntos entre militares y policías federales”.
Las audiencias se realizan los jueves y viernes, desde las 9.30, en el
Tribunal Oral Federal de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Pueden ingresar las
personas mayores de 18 años y hay que presentarse con DNI
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